Malaprensa

Una investigadora de la universidad de Málaga, María Sánchez, me pide ayuda para su tesis doctoral. Está investigando las peculiaridades del género periodistico de los "confidenciales digitales", y entre otras cosas quiere investigar qué tipo de personas los leen, y también qué tipo de personas que conocen su existencia no los leen.

Para realizar este estudio de audiencias, necesita que personas que conocen lo que son los "confidenciales digitales", los lean habitualmente o no, respondan a un cuestionario. Si saben ustedes (más o menos) lo que es un "confidencial digital", y pueden donar 20 minutos de su tiempo, acérquense por esta página web.

Tras cuatro días de desconexión (puente del Corpus en Toledo) me he encontrado un montón de comentarios interesantes a mi mensaje anterior, por lo que creo útil hacer una segunda parte, al hilo de los mismos y de cómo ha reaccionado El País.

Primero, como decía el otro día no comparto las llamadas a la censura para que anuncios así no se publiquen. El problema de la mala información no se arregla con censura sino con buena información.

La reacción rápida de El País con la noticia del jueves (€) y el editorial del viernes reconocía la existencia de múltiples protestas de los lectores, algunas publicadas en su propia sección de cartas al director. Es seguramente en parte fruto de mini-campañas de protesta que se difundieron en varios blogs y páginas web (como Peruho y el Pez) .

¿O no? Francamente, no soy amigo de teorías conspiratorias. En caso de duda, casi siempre pienso que la explicación de lo que no funciona en una sociedad o en cualquier grupo humano es la negligencia, el despiste, la torpeza, o la ignorancia, antes que la conspiracion malévola y bien planeada. Pero la lectura de este texto de Hispalibertas, citado por un comentarista a mi mensaje anterior, me hace dudar un poco. No hay pruebas, desde luego, pero hay aspectos muy llamativos, entre ellos la mala elección de un medio "progresista" para publicar un anuncio de ese tipo, sin que, que yo sepa, haya salido en ningún otro periódico nacional, o el hecho de que la asociación no esté registrada, ni la conozca nadie del entorno de los grupos de "defensa de la familia".

También podría ser que algún grupo religioso integrista de otro país, enterado malamente de las noticias de España, haya creído su "deber" intervenir en el debate y sin encomendarse ni a Dios ni al diablo (broma mala intencionada), y sin ponerse en contacto con nadie aquí, haya por su cuenta insertado la publicidad en El País (eligiendo "mal" el periódico por ignorancia, sabiendo sólo que es el más leído).

En todo caso, creo que antes de darse a sí mismo palmaditas en la espalda, haría bien El País en explicar a sus lectores en qué consistió el "fallo en nuestro sistema de control " del que hablan en el editorial. También estaría bien que averiguaran (si no lo saben) y explicaran quiénes son los que encargaron y pagaron el anuncio, con lo que desmentirían los rumores y las teorías conspiratorias.

Por último, me alarma un poco la superficialidad con la que El País da por hecho que el anuncio nunca debería haber sido publicado, si se hubieran cumplido correctamente unas normas no especificadas del propio periódico. Como dije el otro día, El País es libre de no publicar lo que no le guste. Pero quizá los lectores deberían estar un poco mejor informados sobre los criterios con los que su periódico decide que una publicidad de carácter ideológico debe o no ser publicada.

Eso es lo que dice este anuncio publicado hoy, según parece, en El País (gracias a Francisco Javier por la pista):



Nuevamente nos encontramos ante un caso problemático sobre los límites de la libertad de prensa. Algunas ideas a vuelapluma:

1. Es obvio que el SIDA no es una enfermedad "de origen homosexual". No hay mucho que discutir ahí. La causa es un virus, que se transmite por diversas vías. Sí es cierto que, lamentablemente, hay muchos más gays infectados, porque es más frecuente en este grupo de población la realización de comportamientos de riesgo. Por ejemplo, en España en 2003, un 15% de los nuevos casos detectados correspondían a transmisión a través de relaciones sexuales entre hombres. Suponiendo que sean gays entre un 3 y un 10% de los varones, y aunque no hubiera ningún homosexual que hubiera enfermado por otras vías (como el uso de drogas), estos datos significarían que la enfermedad sería entre 3 y 10 veces más común entre varones homosexuales que entre el conjunto de la población.

2. Dicho esto, ¿tiene el periódico el derecho o el deber de no publicar un artículo porque contenga una información que es patentemente falsa? Respecto al derecho, no cabe duda: el periódico puede elegir publicar o no un anuncio, sea falso, verdadero o medio-pensionista. ¿Y la obligación? Yo creo que no, por varias razones.

Primero, como vemos aquí cotidianamente, los periódicos publican todos los días falsedades, a veces por error o negligencia de los periodistas, pero muchas veces también por inducción de grupos de interés de todo tipo que promueven sus propios puntos de vista retorciendo los datos. Aquí sí que tendrían que esmerarse los periódicos, porque la información publicada como tal tiene, entre los lectores, una "presunción de veracidad" y porque el periódico se responsabiliza directamente de ella. En cambio, los lectores saben que la publicidad tiende a distorsionar, exagerar y manipular la información, y que sus contenidos no son afirmaciones del periódico, sino de parte interesada.. Los estándares en relación con la publicidad, por ello, no tienen que ser tan estrictos.

Segundo. La publicidad política o ideológica (y ésta lo es) no debe estar sometida a las mismas reglas que la publicidad comercial. No es lo mismo mentir diciendo que tomando una píldora se curará usted de cáncer, que mentir llamando a una enfermedad "de origen homosexual" en el contexto de un mensaje político. Lo primero es un puro y duro fraude, una estafa, que si se tolera contribuye sólo a que alguien se haga rico engañando a gente incauta. El mensaje es puramente instrumental para un fin fraudulento. En cambio, con la comunicación "política", el hecho mismo de que nos transmitamos unos a otros mensajes es un bien valioso en sí mismo, que debe ser objeto de especial protección. Por eso, en caso de duda, hay que inclinarse a favor de la libertad de expresión.

Esta gente tiene ideas que me resultan repulsivas. Pero, y discrepo aquí con alguien con quien suelo coincidir, no creo que se pueda decir que este mensaje sea "fascista", un "libelo", una "apología contra los derechos humanos", o un "atentado a la libertad" y que por todo ello deba ser censurado. Es la obra de unos lerdos retrógrados e ignorantes (por cierto, que el estilo lingüístico hace pensar que ni siquiera son un grupo español, más bien parecen latinoamericanos o personas que manejan el español como segunda lengua). Pero tienen derecho a decir sus disparates.

Si alguien puede escribir "Aznar, asesino", sin que pase nada, alguien debe poder escribir "homosexuales, origen del SIDA" sin que pase nada. Así es la libertad de expresión.

A raíz del debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, echo de menos en los medios, como siempre, información, y me sobra mucha opinión. Parto, por supuesto, de que la iglesia tiene todo el derecho del mundo a opinar sobre las cuestiones morales o políticas que le parezcan oportunas. Lo hacen los sindicatos, los movimientos feministas, los ecologistas, las asociaciones profesionales, las cámaras de comercio... ¿Cómo no lo va a poder hacer la iglesia? Pero, también, por supuesto, todos los demás tenemos todo el derecho a criticar lo que la iglesia dice. No a criticar que lo diga. Sino a criticar el contenido de lo que dice.

Por ejemplo, es una tontería supina que la iglesia sufra en España ningún tipo de persecución. Lo único que hay hasta ahora, que yo haya visto, es un gobierno que no sigue sus mandatos en ciertas cuestiones morales, y una modificación de ciertas normas sobre la enseñanza que no alteran en nada la sustancia de la privilegiadísima situación de la iglesia en el sistema educativo español: la religión católica se ofrece obligatoriamente como asignatura en todos los centros públicos y privados concertados, y los sueldos de los profesores que la imparten se pagan con nuestros impuestos. Que alguien llame a eso persecución insulta a la inteligencia.

Pero vuelvo a mi punto inicial. Como tantas veces, sobra opinión y falta información. Información también sobre la iglesia, ya que, en mi modesta opinión, si de algo habría que quejarse desde el punto de vista de los medios de comunicación es de la reverencia con la que todavía se trata a la iglesia. Ejemplo interesante: los escándalos de pederastia dentro de la iglesia.

Ningún medio español ha mencionado prácticamente el papel de Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el poco decoroso papel jugado por el Vaticano en el escándalo destapado en Estados Unidos sobre el asunto. El cardenal Law, arzobispo de Boston, que durante años mantuvo en tareas parroquiales a sacerdotes que habían abusado de niños fue retirado discretamente a Roma, donde ofició uno de los funerales por Juan Pablo II. Una simple búsqueda en Google permite ver que en otros lugares no son tan condescendientes.

Tampoco ningún medio importante español, que yo sepa, ha hablado de las acusaciones de pederastia contra Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, que estaban siendo investigadas en el Vaticano. La investigación ha terminado, sin muchas explicaciones, según cuenta hoy la prensa mexicana, pero no la española.

La verdad es que da un poco de vergüenza ajena ver a los jerarcas de la iglesia que tolera y protege a los pederastas dando lecciones de moralidad y hablando de la "corrupción" del matrimonio. Y da un poco de lástima que nuestra prensa no preste más atención a estas informaciones, mientras vierte ríos de tinta hablando de Michael Jackson. A fin de cuentas, él no interviene en nuestro debate político, ni le pagamos millones de euros al año para que adoctrine a nuestros niños.

Llevo unos días sin ojear la prensa. Así que voy a hacer una ensalada de malaprensas de diferentes calibres, aprovechando los envíos de unos cuantos lectores, a los que doy las gracias. Y de paso aprovecho para seguir animándo a todos ustedes a que me escriban contándome las fechorías que encuentren por ahí.

Por ejemplo, me escribe Ignacio de Castro sobre un titular explosivo de Periodista Digital: "La mitad de españoles se quema la piel a pesar de usar crema para protegerse del sol". En realidad, la noticia no dice nada de eso. Dice que cuenta un estudio, hecho, vaya por Dios, por los laboratorios ISDIN, que la mitad de los españoles "se aplica incorrectamente la crema solar". Habrá que suponer que habla de los españoles que toman el sol con cierta frecuencia en la playa o la piscina, no de todos.

Pero es que además, ni siquiera ese cincuenta por ciento está claro, porque verán: el 47% lo hace mal porque se pone la crema una vez en la playa o la piscina, en lugar de hacerlo en casa; el 37% no espera la media hora requerida entre darse la crema y exponerse al sol (¿hay un 10% que se da la crema en la playa pero espera media hora a exponerse?); el 34% aprovecha productos de otras temporadas sin fijarse en su caducidad (con lo baratas que son, hombre, tírenlas y compren otras cada año, aunque estén llenas); el 69% usa las mismas cremas solares para el mar y la montaña (muy mal: hay que comprar un bote de cada una y tirarlos en navidad). Estos porcentajes obviamente no suman 50, aunque haya muchos solapamientos. En fin, un ejemplo de prensa rigurosa, y sobre todo independiente.

Otro ejemplo de papel desperdiciado. Me entero por Laura Domingo que La Vanguardia contaba el 12 de mayo un estudio sobre las enfermeras que trabajan en Barcelona y a modo de introducción nos decía que en esa provincia y en Cataluña en general hay muchas menos que en países europeos, lo que ilustraba con un gráfico que incluía estas reveladoras cifras:



Problema de matemáticas de sexto de primaria (aproximadamente): "Si como media en Europa hay 8,25 enfermeras por mil habitantes y en Cataluña hay 5,40, calcula, si Barcelona tiene 5.118.000 habitantes, cuántas enfermeras más debería haber en Barcelona para que la tasa fuera igual a la europea". La respuesta es 14.586,3.
Ecir, que aparte de que esas comparaciones pueden ser erróneas, por motivos que ya hemos visto aquí, alguien en el Col·legi d'Infermeria de Barcelona o en La Vanguardia no sabe sumar, multiplicar y/o dividir, a un nivel de enseñanza primaria.

Seguimos con la prensa catalana. Fíjense en el curioso titular de El Periódico que me manda Manuel Barbero: "Una mafia llevaba magrebís a España en avión". Está claro que se perdieron el episodio de Barrio Sésamo que explicaba la diferencia entre los verbos traer y llevar.

Voy terminando. Ya hemos hablado en otras ocasiones de que las encuestas voluntarias de las páginas web de los periódicos no valen para nada. En Libertad Digital lo saben, y de hecho tuvieron el detalle de añadir a sus propias encuestas una nota aclaratoria al respecto. Eso no les ha impedido reseñar, como me cuenta Ciudadano Cero, que "Los lectores de la web del PSOE consideran 'muy mala' la reforma educativa de Zapatero", ya que, en una encuesta en la página web de ese partido, efectivamente, un altísimo porcentaje de los que responden dice que su opinión sobre el anteproyecto es "muy mala" (90% cuando redactaron la noticia en Libertad Digital, 85% cuando la consulto yo, a las 23:48 del lunes 23 de mayo, con 8.249 votos emitidos). Fuera cual fuera el resultado de la encuesta, su valor científico sería cero, incluso como representación de los lectores de la página web del PSOE. Pero dados esos resultados es perfectamente obvio que alguien ha decidido tomar el pelo a ese partido, aprovechando su propia web. Puede ser divertido. Pero no es una noticia para un periódico que se tenga por serio.

Informa hoy el ABC de que La ausencia de dos senadores permite al PP restituir el trasvase del Ebro en la ley del PHN.

El titular es engañoso, porque el PP ha conseguido la aprobación de enmiendas en ese sentido en una comisión del Senado. Aún es necesario que el pleno del Senado ratifique o no lo aprobado en la comisión. Y después, naturalmente, tiene que volver al Congreso. Ahí es donde ya el periodista se hace un lío total:

En el caso de que un total de ocho senadores del resto de los grupos se ausentaran (algo frecuente en el Senado), el proyecto de ley sería devuelto al Congreso, con lo que debería iniciarse la tramitación legislativa en el caso de que el PSOE pretendiera mantener la derogación del trasvase.
Si la ley de modificación del PHN vuelve al Congreso con el trasvase incluido, el PSOE y sus socios parlamenterios de ERC e IU (y otros) deberían votar en contra de su propia ley, a fin de evitar su rúbrica por el Rey con el trasvase de nuevo habilitado. Ello obligaría a un nuevo y tortuoso proceso legislativo de meses para reelaborar la ley del PHN con el trasvase de nuevo exento. Y mientras, seguiría como único anclaje legal el políticamente duduso «decretazo Narbona» que derogó el trasvase. El PSOE deberá movilizar a todos sus senadores (96) y conseguir que el resto de grupos hagan lo propio.

¿Quién le habrá contado estas milongas a este hombre? Veamos. Constitución Española, art. 90, que ya hemos citado por aquí algún otro día:

1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.
2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.
3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

¿Qué parte del artículo 90 no entiende el periodista? Tampoco hay que descartar que no lo haya leído y que todas las majaderías que dice se las haya contado un senador, igualmente ignorante. No sé qué opción me resulta más preocupante.

Pero noticias como ésta son una buena muestra de que necesitamos que se imponga la famosa asignatura de educación cívica. Al menos en las facultades de periodismo.

Eso dice el ABC de hoy: Crece en España por primera vez desde 2001 el número de personas declaradas católicas.

Evidencia, en el subtítulo: "Desde 2001, la cifra de católicos había descendido tres puntos. El último barómetro del CIS muestra un ligero aumento con respecto a junio de 2004 (79,3 por 79,1)".

Tamaño de la muestra: no se indica. Pero para que una diferencia de dos décimas fuera significativa (es decir, pudiéramos decir con seguridad que no se debe a la variación entre muestras, no a un cambio en la población) debería ser grande, muy grande... Algo más de 245.000 un millón de personas. Va a ser que no.

Llego con varios días de retraso al asunto de Newsweek, al que se han referido aquí ya espontáneamente varios de los comentaristas. Desde un punto de vista malaprensístico, no hay mucho que añadir: Newsweek ha metido la pata, porque ha publicado una historia no confirmada suficientemente sobre un supuesto informe oficial que decía que interrogadores de Guantánamo, para presionar a sus interrogados y humillarles, habrían arrojado una copia del Corán a un retrete. Como es sabido, la publicación de noticias sobre el asunto fue el detonante de una serie de actos de violencia en países como Pakistán y Afganistán, llegándose en este caso a producirse 16 muertos.

Ahora Newsweek ha rectificado y está siendo objeto de fuertes críticas. No seré yo el que salga en defensa de la malaprensa. Pero sí creo que se están cometiendo muchos excesos.

El primero es decir que el error es la causa de las muertes en Afganistán. Como bien señaló ya aquí en un comentario Carlos, esto es un disparate. La causa de las muertes no es el error de Newsweek, ni lo sería el hecho de que alguien hubiera lanzado un Corán a un retrete, si eso fuera cierto. Los causantes de las muertes serán los fanáticos que ponen el respeto ritual a un libro por encima del respeto a la vida humana.

Segundo, en Estados Unidos, algunos aprovechan para acusar a Newsweek, y por extensión a todo el "establishment" periodístico estadounidense poco menos que de traidores a su país, por publicar algo que podría ser perjudicial a los intereses en la guerra de los Estados Unidos. Es llamativo que algunas de esas acusaciones se formulan en términos tales que parece casi irrelevante que la historia sea verdadera o falsa (via Andrew Sullivan). Algunos congresistas están pidiendo que se cancelen subscripciones oficiales a Newsweek, y adjetivando su comportamiento como criminal. Esta es también una exageración interesada y peligrosa.

Porque el error de Newsweek no es comparable a los que tantas veces vemos en España, y aparecen en esta página, en los que periodistas borricos, ignorantes o perezosos no se molestan en entrar en Internet para comprobar, en fuentes públicas, la veracidad de "informaciones" que les llegan en forma de comunicado de prensa.

Estamos en un terreno mucho más delicado: el de los periodistas tratando de averiguar y publicar la verdad sobre una parte de la actividad del gobierno que éste mantiene deliberadamente oculta, y sobre la que hay sospechas (justificadas) de que puede incluir actos ilegales o directamente delictivos. La decisión de un medio de publicar o no una noticia como ésta, después de haber intentado confirmarla en varias fuentes, sin que ninguna de ellas la desmintiera directamente, como explican en su rectificación, puede ser criticada, pero está en la zona gris, no en la negra.

La exigencia a los medios de que sólo publiquen informaciones absolutamente confirmadas podría convertirse, no lo olvidemos, en un escudo protector para los abusos gubernamentales de todo tipo. Y una de las razones fundamentales para la defensa de la libertad de prensa es precisamente que es un mecanismo esencial de control sobre el poder político.

Por lo tanto, cuando los periodistas se encuentran con informaciones de este tipo no se les puede pedir que no publiquen nada que no esté absolutamente confirmado o verificado. Con ese criterio, no habría habido informaciones sobre el Watergate, ni el Iran-Contra, ni en España sobre el caso Roldán, el GAL, Filesa, o el Yakolev-42. En estos casos grises, en los que hay acusaciones de acciones ilegales, y personas que las niegan, jurídicamente hablando no habría "verdad" hasta que no hay una sentencia firme. Naturalmente, no podemos pedir a los medios que no informen hasta entonces.

Lo que les debemos pedir es que antes de publicar una información controvertida, en la que se acusa a alguien de haber actuado ilegal, inmoral o delictivamente, pongan toda la diligencia posible para publicar sólo informaciones que sean verosímiles. Aquí está la dificultad, claro. ¿Cuántas evidencias independientes debe tener un medio antes de publicar una noticia? ¿Debe errar siempre por el lado de cautela? Es un juicio que hay que realizar en cada caso. Pero, como dice Andrew Sullivan, lamentablemente, en este caso, había muchas evidencias anteriores que hacían esta historia creíble.

Y estoy totalmente de acuerdo con él en que la verdadera traición a Estados Unidos, y por extensión, a los valores de la libertad en los que basamos nuestros sistemas políticos en lo que llamamos latamente "occidente", sería ocultar la evidencia de abusos y violaciones de los derechos humanos en nombre de la "guerra" contra el fanatismo islamista. Si "ganáramos" la guerra militar y perdiéramos la guerra de valores, sería una victoria pírrica, y falsa.

No se lo crean. Me lo he inventado. Pero por ahí debe andar. Por enésima vez La Vanguardia publica algo que no debía ser publicado: los resultados de una encuesta en Internet con muestra autoseleccionada. Dice el titular: Tres de cada cinco farmacéuticos, a favor de dispensar cannabis para uso terapéutico. Dice la noticia: 200 entrevistados... encuesta a través de página web...

Dice el lector: ¡¡¡cuántos árboles talados para nada!!!

Reproducía el viernes madri+d una noticia de El País Dígital, que había salido también en muchos otros medios.

Según ella, las empresas europeas pierden 2.500 millones de euros al año a causa del spam (mensajes no deseados de correo electrónico, de carácter publicitario). También se decía que cada empleado pierde 15-20 minutos al día eliminando spam.

Seguro. 15 ó 20 minutos al día. Todos los días. Todos los empleados. ¿Y el tiempo que perdemos leyendo noticias falsas? ¿Cuándo se va a cuantificar?

Hace ya días que Salvatierra de Barros (gracias) me llamó la atención sobre esta noticia del ABC, recogida también al menos en El Mundo y Periodista Digital, sobre el decálogo aprobado por el New York Times para remontar la crisis de credibilidad del periódico. Destaco algunos de los diez puntos:

2.- Hacer a los reporteros y editores más accesibles a través del correo electrónico.

3.- Usar la página web para que los lectores puedan acceder a los documentos íntegros usados para las historias así como las transcripciones de las entrevistas.

4.- Considerar la opción de crear un blog que promueva la interacción con los lectores.

5.- Reducir el uso de fuentes anónimas.

6.- Que los reporteros confirmen la veracidad de sus artículos con sus fuentes antes de su publicación y que soliciten declaraciones suyas después de que la información haya salido a la luz.

7.- Establecer un sistema de rastreo de errores. En el último año fueron detectados hasta 3.200.

8.- Desarrollar un software para detectar casos de plagio

Que el periódico considerado más prestigioso de Estados Unidos, y para algunos el mejor del mundo, tenga que aprobar un decálogo con cosas así produce preocupación. Pero, visto por el lado bueno, al menos muestran que han hecho examen de conciencia y que tienen propósito de enmienda.

¿Y los medios españoles? Pues no he visto que nadie que se haga eco de esta noticia, o de otras sobre la "crisis de credibilidad" de los medios en Estados Unidos, haga un poco de reflexión sobre sus propios pecadillos. Debe ser que no hay que preocuparse, porque aquí todas esas cosas no pasan. Qué suerte tenemos.

Todos los periódicos de ayer reflejaron un informe de la Fundación Encuentro, con datos sobre la violencia en España.

El informe tienes más agujeros que un queso de Gruyère. Pero eso no lo sabrán por ningún periódico. Para eso tienen que irse a los denostados blogs, y leer a mi amigo Wonka, que sin ser un experto en la materia ha encontrado dos o tres disparates bien gordos.

Ejemplos: según la Fundación Encuentro, España ocupa el primer lugar europeo en tasa de homicidios. En realidad, es el 12º de 15.

Según la Fundación Encuentro, el 5% de los ancianos sufre violencia. Vean al final del texto de Wonka cómo ese dato es una total distorsión.

A eso se añaden otras imprecisiones sobre violencia de género, olvidos políticamente correctos (todo lo relativo a la inmigración) y tenemos un informe que no vale para gran cosa. Pero siguiendo la máxima del periodismo acrítico (todo lo que se publica como informe es republicable como noticia) los periódicos lo cuentan tal cual.

Es más, estarán encantados de tener su porción diaria o semanal de "¡¡Qué mal está el mundo!!". Luego el informe será reverberado en tertulias, artículos de opinión... y tendremos, como nos descuidemos, una o dos nuevas estadísticas mutantes, de esas que arraigan en la conciencia popular y no hay quien las mueva. Avisados están.

El Correo de hoy dice que "Un informe del PP dice que en las empresas forales hay un 18% de 'enchufados' ". Resulta que los del PP han pedido a las 14 empresas forales (las que dependen de la Diputación) de la provincia de Vizcaya, en las que trabajan 673 personas, la lista de empleados completa, la han cruzado con listas electorales de los tres partidos que han gobernado allí en los últimos años y han encontrado que 91 de los empleados han sido candidatos en listas electorales del PNV, EA o PSOE, y otros 30 comparten los dos apellidos con algún candidato.

Según el PP, esta es sólo la punta del iceberg, porque por este procedimiento es imposible encontrar a esposos, cuñados, hijos y otros parientes de los candidatos. Sólo se puede localizar a candidatos y a sus hermanos.

La noticia critica que entre los 121 empleados contados por el PP se incluyen a los directivos, que suelen ser siempre cargos "de confianza", y por tanto, es difícil hablar de enchufismo por lo que a ellos respecta. Pero también aparecen técnicos medios y superiores, administrativos, peones...

El problema es que al menos en la noticia no se precisa cuántos de los 121 pertenecen al bloque de directivos "de confianza", y cuantos al segundo. Ahí estaría la clave para discernir si lo que han encontrado los del PP llega a la categoría de escandoloso, o no.

También habría que hacer una estimación de la probabilidad al azar de que una persona que es miembro de una lista electoral, o un hermano suyo, sea uno de los empleados de estas empresas. No es broma: las listas examinadas incluyen las de las elecciones municipales, a las que se presentan varios cientos de personas en cada elección, por cada partido. Si se han incluido varias elecciones, tendríamos varios miles de personas. Con sus hermanos, entraríamos en las decenas de miles, quizá.

No constituyen, desde luego, el 18% de la población de la provincia. Pero a lo mejor son un porcentaje no despreciable de la población en edad de trabajar.

En fin, que al informe le faltan unos cuantos detalles para constituir una buena prueba del enchufismo. Pero el periódico lo cuenta con suficiente claridad, citando en el titular la autoría, y observando algunos de sus posibles defectos. Así que no estamos, creo yo, ante un ejemplo de malaprensa.

Lo he traído aquí, sin embargo, porque me parece un interesante ejemplo de cómo con ganas e ingenio se podrían investigar muchas cosas insospechadas. De hecho, este podría ser un buen modelo para que nuestros rigurosos periodistas de investigación, de todos los periódicos nacionales y regionales, se lanzasen a comprobar nombres en las empresas dependientes de gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Sería divertido.

Esta es más o menos la idea que se repite muy a menudo en nuestros medios de comunicación: los poderes de las comunidades autónomas españolas no se pueden ampliar casi porque ya tienen más autonomía que la de casi cualquier región o estado dentro de un estado federal.

La última vez que lo oí fue en la tertulia de Hoy por hoy, en la Cadena Ser, ayer por la mañana. Creo que fue el colaborador Fernando Fernández quien dijo que los poderes políticos de las autonomías españolas eran mayores que los de los estados federados de Estados Unidos, porque aquí las autonomías tienen poder para convocar las elecciones cuando quieran. Añadió otro ejemplo, que no recuerdo, sobre la supuesta mayor autonomía de las comunidades españolas respecto a los estados de los Estados Unidos. Cabreado por tener que oír semejantes despropósitos mandé un email al programa, que leyeron en antena, lo que les honra (por cierto, en 30 segundos estaban sonando mis dos teléfonos: aún hay más gente que oye la SER que la lee los blogs; pero todo se andará).

Pero por si acaso ustedes se lo vuelven a encontrar en cualquier medio, o en cualquier conversación política más o menos amistosa, conviene recordar que ese lugar común es absolutamente falso. La autonomía de los estados federados de Estados Unidos es incomparablemente mayor a la de nuestras comunidades autónomas, lo que se puede demostrar de manera muy sencilla.

Algunos ejemplos, que cito en su mayoría de memoria, ya que me llevaría mucho tiempo documentarlo todo. Agradezco comentarios críticos, vínculos a páginas de referencia, o refutaciones:
- Los estados federados regulan aspectos importantes relativos a la elección de los poderes federales.
Recuerden como en las últimas elecciones presidenciales nos explicaron que la mayoría de los estados otorgan todos los votos del colegio electoral al candidado ganador en el estado, pero hay dos estados que lo hacen de otra manera, y en Colorado había un referendum para hacerlo proporcional. Los estados también regulan las elecciones a la Cámara de Representantes (con algún límite, como una ley que prohibe los distritos plurinominales) y al Senado (en Louisiana, por ejemplo, tienen un sistema a dos vueltas cuando un candidato no consigue la mayoría absoluta). También son los estados los que regulan cómo se sustituye, por ejemplo, a un senador que fallece o dimite: elección inmediata, sustituto temporal designado por el gobernador...
Competencias de las autonomías españolas sobre la elección de órganos centrales: cero.

- Los estados federados pueden cambiar su constitución completa a su gusto, con la sola limitación de que su contenido no choque con la constitución federal (como pasa con cualquier otra ley, incluidas las aprobadas por el Congreso en Washington).
Poderes de las autonomías para cambiar su estatuto: aprueban un proyecto en sus parlamentos, que luego necesita la aprobación de las Cortes españolas, combinada, en algunos casos, pero no todos, con un referendum.

- Como conclusión lógica de lo anterior: todo lo relativo a la organización interna de los poderes públicos en el estado, es decidido libremente por ellos mismos. Todos tienen un sistema "presidencial" con elección separada del gobernador y de las dos cámaras del parlamento estatal (sólo un estado tiene un parlamento unicameral), pero lo pueden cambiar cuando quieran, incluido todo lo referido al sistema electoral.
Poderes de las autonomías españolas sobre esto: limitados, como en el caso anterior, a la aprobación en las Cortes (la Constitución también limita un poco el modelo político y electoral).

- En muchos estados, haciendo uso de esos poderes, se han introducido los referendums de carácter estatal o local sobre todo tipo de temas.
Poderes de las autonomías en España sobre los referendums: ninguno.

- El derecho civil, penal y mercantil son básicamente competencia de cada estado. Por eso es más fácil casarse y divorciarse en Las Vegas (Nevada) que en Los Ángeles (California). Por eso puede haber matrimonio gay en Massachusetts, y uniones civiles en Vermont, mientras que está prohibido en otros muchos estados, incluso en su constitución (reformada al efecto, por referendum, recientemente en muchos de ellos). Por eso hay pena de muerte en algunos estados, y en otros no.
Poderes de las autonomías en derecho penal: cero.
En derecho mercantil: cero.
En derecho civil: sólo aquellas en las que sobrevivió un cierto derecho civil propio ("foral"), que son si no recuerdo mal sobre todo partes del País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, y algo en Baleares y Valencia, pueden legislar sobre ciertas materias concretas (la más llamativa es la de sucesiones).

- Impuestos. Esto me lo se peor, pero aquí les cuento un resumen de una fuente fiable (Proyecto VoteSmart). La mayoría de los estados, pero no todos, tienen un impuesto sobre las ventas (equivalente lejano a nuestro IVA), que puede ir del 4% al 7%; la mayoría de los estados, pero no todos, tienen un impuesto sobre la renta, similar al de aquí, y que allí tiene también el gobierno federal; la mayoría (no estoy seguro si todos) tienen un impuesto sobre las empresas (como nuestro impuesto de sociedades) adicional al impuesto federal; la mayoría tienen impuestos sobre la gasolina, el tabaco, el alcohol, y sobre las sucesiones.

Lo más importante de esto es la variedad: cada estado decide si crea o no esos impuestos, y sus niveles, con amplísima libertad. A eso hay que añadir que también los condados y ayuntamientos pueden poner impuestos sobre las ventas y otros (recuerden las noticias sobre el alcalde de Nueva York, Bloomberg, subiendo los impuestos sobre el tabaco). El resultado de esto es una gigantesca variedad de situaciones fiscales, cambiantes de condado en condado y de municipio en municipio. Pueden comprobarlo en esta guía para elegir dónde vivir tras retirarse.

¿Y las autonomías españolas? Las de régimen común pueden modificar un poco el IRPF, cambiando un poco la escala, y algunas deducciones. También tienen cierta capacidad normativa sobre el impuesto de sucesiones y el de transmisiones patrimoniales, entre los importantes. Nada, que yo sepa, en impuesto de sociedades o IVA. Caso algo distinto es el de las autonomías con concierto económico y cupo. Tienen mayor capacidad de regulación fiscal, pero incluso eso está ahora en duda, tras la sentencia del supremo que anuló las "vacaciones fiscales". Lo que sí tienen claramente es una recaudación mayor per cápita, gracias a que la cuantía del cupo es relativamente baja.

- Educación primaria y secundaria. No ya los estados, sino las ciudades y pueblos son los que gobiernan la educación en Estados Unidos. Existe enorme variedad de curriculums, de formas de organizar y gestionar las escuelas, de formas de reclutar el profesorado....
Nuestras autonomías: aunque la educación está teóricamente transferida a las comunidades, la regulación central es muy detallada sobre muchos aspectos relativos al curriculum, la gestión de las escuelas e institutos, la formación y selección del profesorado, la financiación de escuelas privadas, etc... Tiene más autonomía un condado de Estados Unidos sin duda que una comunidad autónoma española para organizar su educación.

- Educación universitaria. Sucede algo similar. Cada estado la regula y la financia como le parece. El gobierno federal subvenciona a las universidades indirectamente a través de becas a los estudiantes y financiación de proyectos de investigación. No existe regulación federal sobre cómo deben gestionarse las universidades, exámenes de ingreso, procedimientos de reclutamiento del profesorado ni nada parecido.
Autonomías españolas: de nuevo, es una competencia "transferida", pero regulada con mucho detalle por leyes centrales.

- Policía. El FBI es una "superpolicía" dedicada sólo a delitos federales, que son aquellos que afectan a más de un estado, o que son especialmente graves o relativos a la seguridad nacional. Todo lo demás, incluyendo la mayoría de los delitos "comunes" es competencia de las policías de los estados o locales (como el famoso NYPD, que depende directamente del alcalde).
Excepto en el País Vasco y en parte en Cataluña, la Policía Nacional y la Guardia Civil, dos cuerpos nacionales, siguen siendo los encargados de la persecución del delito.

- Industria. ¿Se acuerdan de los líos de los cortes eléctricos en California? El responsable político de aquello era el gobernador (que acabó siendo "depuesto" por votación popular), y todo derivaba de regulación del estado de California sobre los precios de la energía, la red eléctrica... No sólo la electricidad, sino otros servicios como el agua y las telecomunicaciones están en gran parte bajo control de los estados.
En España las autonomías no tienen poder regulador sobre ningún gran sector económico privado.

En fin, podríamos seguir, pero yo creo que el argumento está claro. La próxima vez que alguien les cuente esta milonga, no se dejen engatusar.

El programa El Suplemento de Radio Nacional de España, dedicado, según parece, al "tratamiento en profundidad de los temas, especialmente de índole social", se ocupó ayer un buen rato a hablar de cómo afrontan los estudiantes la recta final para los exámenes, de los errores que suelen cometer, las estrategias que deberían utilizar para un mayor éxito, la ayuda profesional que pueden buscar para mejorar sus técnicas de estudio...

Y hete aquí que sobre este último tema dieron entrada a una persona que hablaba en nombre del "Instituto de Terapias Integrales y Enseñanzas Energéticas." No hay más que oír/leer el nombre para temerse lo peor. Efectivamente: lo peor.

Allí empezó una señora a hablar de la "psicología energética", diciendo cosas que se parecen mucho a esto que saco de su página web:

La Psicoterapia Energética es una terapia que combina la psicologia con la Medicina Tradicional China y utiliza la kinesiología como método de diagnóstico. Se basa en el supuesto de que un evento o pensamiento negativo lleva consigo una alteración del fluir equilibrado de la energía del cuerpo y esto producirá malestar emocional.

Corrigiendo como fluye la energía a través del cuerpo hará que desaparezca el malestar. Para ello se diagnostica en que punto se ha bloqueado la energía y se podrá restablecer mediante la estimulación localizada, es decir mediante el "tapping" o golpecitos que se dá el cliente en los puntos de acupuntura indicados.

Lo sorprendente de este tipo de terapia es la rapidez para erradicar el malestar emocional ya que en una media de 3 sesiones se pueden tratar desde emociones negativas como el enfado, la rabia, la irritabilidad, la culpabilidad, la pena hasta la fobia de hablar en público, la ansiedad ante los exámenes, la ansiedad que induce a comer, fumar, beber entre otros muchos malestares.

Y así siguió la buena señora un considerable tiempo difundiendo estos "saberes", y de paso su negocio, aprovechando la credulidad de los periodistas de Radio Nacional.

Esta mañana he visitado su página web, y se han confirmado las peores sospechas. Además de un prominente enlace al Instituto de Estudios Astrológicos, la página principal contiene referencias y enlaces a tratamientos basados en todas las pseudociencias que puedan ustedes imaginar: homeopatía, cartas astrales, astrosonía (??), numerología, lectura de manos, gemoterapia, el Tarot de Marsella... En fin, un catálogo completo de todas las supercherías, aunque por en medio aparece también alguna que otra cosa que puede ser más o menos inocente, si se hace bien y no se pretende que tenga efectos milagrosos (como los masajes, relajación...). Aunque claro, viniendo de esta gente, cualquiera sabe cómo lo harán.

En fin, radio pública de alta calidad, pagada con nuestros impuestos.

Mangallous escribe una entrada que encajaría plenamente en Malaprensa sobre esta perla de El País Semanal:

Cuando el año próximo la nueva terminal de Barajas entre en funcionamiento, el aeropuerto de Madrid se convertirá en el segundo del mundo en tráfico de pasajeros.

Im-presionante. Y falso, claro.

Está visto que astrónomos y periodistas son profesiones condenadas al malentendido. Después de la famosa pifia de la portada de El País, confudiéndoles con astrólogos, y el barullo de los planetas extrasolares en El Mundo y La Razón, ahora EFE ha difundido una información, reproducida diligentemente, cómo no, por un porrón de periódicos, sobre una supuesta alineación de planetas producida el 5 del 5 del 2005.

No hubo tal alineación, claro, como ya mostró hace unos días Javier Armentia en su blog. Y hoy vuelve, con mucha retranca, a escribir sobre el tema, a raíz de la falsa noticia. He aquí una porción de su carta a los señores de EFE:

¿De dónde ha surgido toda esta estupidez? Posiblemente de la coincidencia en el número 5, es decir, digamos que de una creencia numerológica casi tan estúpida -o más- que la creencia astrológica.

Resulta descorazonador, sin embargo, que sus redactores no tuvieran la elemental precaución de comprobar si tal "alineación" realmente existía, antes de dar pábulo a las creencias supersticiosas o a desmentirlas.

Una vez más compruebo con tristeza que el estándar de calidad periodística deja mucho que desear cuando se tocan temas cercanos a la ciencia, permitiendo además dar carta de autenticidad a una soberana majadería pseudocientífica.

Poco se puede añadir, ¿no?

Creo que fue el gran Randi el que dijo que a veces los científicos son muy crédulos, y que todos los charlatanes que simulan tener poderes prefieren mil veces una audiencia de científicos que de magos, ya que estos tienen mucha más malicia.

Algo de esto debe haber en la credulidad, para mí espectacular, con la que el mundillo universitario español (lo de la "comunidad universitaria" es un término políticamente correcto que me niego a utilizar) se ha tragado el cuento de que la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (el llamado "proceso de Bolonia") nos obliga a reducir el número de carreras, para "armonizarnos" con Europa. Es un cuento cuyo origen no puedo precisar, pero que lleva años rondando por las altas jerarquías académicas españolas, tanto con el PP como con el PSOE, sin que tenga el menor fundamento. Y sin embargo, rectores, decanos, profesores, políticos, sindicalistas y tutti quanti se lo han tragado sin rechistar. Y por supuesto, la prensa toda, como en el artículo de portada de El País(€) del viernes pasado, y decenas de ellos en los últimos años.

Es una prueba más de la fuerza del mito de "Uropa" en España. La misma universidad española que se levantaba en masa contra el proyecto de ley del gobierno del PP (que, a fin de cuentas, había sido elegido y tenía mayoría absoluta), se somete a los (supuestos) mandatos de "Bolonia", aunque a más de uno le parezcan disparatados, sólo porque, como viene de "Uropa", creen que nada se puede hacer ante ellos.

Lo más divertido es que no vienen de Europa. Por dos razones. Primero, el proceso de Bolonia no tiene ninguna fuerza legal. No hay directivas, ni tratados internacionales, ni nada. La declaración de Bolonia es un acuerdo informal de ministros de educación (en nuestro caso, lo firmó un secretario de estado) al que se han ido adhiriendo países, que sólo les "obliga" en la medida en la que ellos mismos lo vayan determinando, y hasta donde, con su buen juicio les parezca oportuno.

Segundo, y más importante. La interpretación que se ha hecho en España del acuerdo es en muchos aspectos contraria a la que se hace en otros países, y en mi modesta opinión, opuesta a sus propios principios. Me podría pasar muchas horas escribiendo sobre esto, pero me concentraré (por hoy) en el punto de la reducción de las carreras, de 140 a 77, según la última propuesta que anda circulando, por lo que parece, según la noticia arriba citada. Eso, simple y llanamente, no es un mandato de Bolonia, como se puede demostrar por dos vías. Por la lógica y por al empírica.

La lógica: si Bolonia obligara a reducir y armonizar los títulos, para que supuestamente fueran similares u homogéneos ¿no debería esto hacerse coordinadamente entre todos los países participantes? Pero no es así como se está haciendo aquí: la propuesta de reducción de títulos que se está discutiendo ahora es un proceso solamente español. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Proponer a todos los europeos que adopten nuestra lista de 77 carreras? ¿O quizá, dentro de 2 ó 3 años, hacer una segunda ronda de armonización, esta vez sí europea, de modo que las carreras en España cambien dos veces en un lustro? Es absurdo.

Pero además es que en otros países simple y llanamente no están haciendo, ni tienen intención de hacer, tal reducción de carreras. Así, en la página web de la HRK alemana (más o menos, el equivalente a nuestro consejo de universidades) puede visitarse su lista de títulos, con una enorme diversidad de ellos, incluso entre los adaptados al proceso de Bolonia (que "impone" una estructura de dos ciclos, con un título inicial que debe tener reconocimiento como estudios terminados, idealmente suficientes para incorporarse al mercado laboral). Por ejemplo, en mi área, existen programas de Bachelor (el título corto de 3 ó 4 años), ya adaptados por tanto, en Social Education, Social Management, Social Studies, Social Sciencies, Social Work, Sociology...

En Francia, la patria del racionalismo y la uniformidad, su informe recién presentado (enero de 2005) sobre la aplicación del principio de Bolonia dice nada menos que esto (perdonen la cita larga, pero la cosa lo merece):

Historically, the French system is based on the ‘habilitation’ concept, which means the ex-ante licence given by the State to allow autonomous institutions to award degrees with a State-guaranteed value.

This notion of ‘national degree’ makes a consensus in France. It was therefore pointless to give it up. But, the Bologna process and so the L-M-D process (‘licence – master – doctorat’) allowed an important evolution of the French conception about ‘habilitation’. What mattered first was to reconcile ‘institutional autonomy’ with ‘State habilitation’ in a modern way.

From now on, in the L-M-D scheme, institutions’ proposals are freed from any constraint : there isn’t any degree definition at the national level anymore, which means a definition set as a norm (contents, duration ...).

Regulation is exclusively done by evaluation.
....
Evaluation in France is considered an assessment of the quality of the study programmes content : quality of study programmes in relation to objectives looked for, quality of training teams, quality of the student integration into the labour market, etc ...
...
Therefore, in the framework of a regular evaluation, institutions design their plans for study programmes or degrees which may :
* either belong to an already agreed on experience with results to be presented,
* or be based on new projects which must be justified both on the grounds of their own interests and of the institutional capacity to implement them.
...
On the basis of the national evaluation, the State makes the ‘habilitation’ decisions for a maximum period according to the regularity of the assessments to be done. This period may be shorter though if it seems necessary to implement recommendations from evaluations quickly.

Más abajo añade:

As we saw, all the higher education institutions are already or will be soon involved in the LM-D process. But while ‘grandes écoles’ are mainly concerned with the new Master degree, even the Doctorate when their research strengths are enough, universities for their parts are the only ones to award degrees at the three levels L-M-D. Which, with each ‘national curriculum framework’ given up, led them to think over again, freely and utterly, their own offer of training courses and learning paths to be provided to students. In that sense, the Bologna Process did strengthen the higher education institutions’ autonomy and capacity foraction.

O sea, que de lista nacional de títulos, con contenidos similares, rien du tout. Y más, sobre las cosas a las que Bolonia nos "obliga":

For the first time, a higher education reform was not ‘forced’ on institutions but only ‘proposed’ to them, since institutions are allowed to keep the previous system. This original method obtained results beyond any hope,creating within the French higher education an unprecedented taste for the European process.

En fin, la página oficial del proceso de Bolonia contiene los informes nacionales de todos los países, donde pueden ustedes indagar a sus anchas. Pero creo que los dos ejemplos que ya he presentado son suficientes para probar que el proceso de Bolonia como tal no obliga a reducir la lista de títulos, como las dos últimas administraciones educativas españolas han hecho creer, por motivos que se me escapan, a la prensa (eso no sorprende) y a todo el mundillo universitario (esto sorprende un poco más).

Y así, parece que el gobierno, el consejo de universidades, y no sé cuántas instituciones más, van a aprobar en breve una lista reducida de títulos, cuyos contenidos luego se especificarán y detallarán en el BOE, convirtiéndonos en más jacobinos que Francia. Todo esto, se supone, para hacer la universidad más flexible, dinámica, adaptada a las condiciones de cambio rápido de la sociedad del conocimiento, y todas esas cosas. Puffff.

OFF-TOPIC. Me salgo de mi carril, para recomendarles que lean ésto en Mangallous.

Cuenta hoy el ABC que "los principales distribuidores de contenidos en Internet" han cerrado 350 páginas web en diez meses por incitar a la bulimia y anorexia. Algo parecido vi anoche en Telecinco. Y aparece hoy en múltiples medios.

Naturalmente, no los he leido todos. Pero en los que he ojeado me asombra la naturalidad con la que se nos informa de un supuesto acto masivo de censura, sin que se nos cuente nada sobre qué criterios se han seguido para esos cierres, qué leyes han incumplido los que mantenían esas páginas, qué cláusulas contractuales de las empresas proveedoras de servicios les han permitido cerrar esas páginas, qué mecanismos de control legal se han aplicado para que esos cierres no sean arbitrarios, qué procedimientos de defensa de sus derechos tienen los autores de las páginas.... nada, absolutamente nada.

Dice el artículo 20 de nuestra Constitución que se reconoce y protege el derecho "a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica" (entre otros). También dice que "estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia," y que "sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial."

¿El cierre de una página web por sus contenidos indeseables se puede realizar arbitrariamente por el proveedor de servicios? O, peor aún, ¿por una decisión administrativa de una autoridad pública sin control judicial alguno? ¿En qué clase de democracia vivimos si nada de esto preocupa a nadie? ¿Y qué clase de medios tenemos que no encienden las luces de alarma ni plantean debate alguno sobre este asunto?

Actualización: no se pierdan lo que Javier Cuchí escribe sobre este asunto. Justamente lo que hubiéramos esperado hoy unos cuantos artículos de nuestra prensa. Mais non.

Dice El Correo que dice una Fundación que ha realizado un estudio que ha detectadotrastornos en el 35% de los niños adoptados en el extranjero. "Trastornos" es una palabra tan ambigua y de contenido tan amplio que puede incluir cualquier cosa, como enseguida veremos, y lo raro sería que sólo el 35% los tuviera.

Pero lo gracioso es que, según la propia noticia, el estudio de la Fundación para la Asistencia, Docencia y Estudio de las Discapacidades (Faded) no dice lo que apunta el titular, sino algo mucho más grave:

Los responsables de Faded, entidad sin ánimo de lucro con sede en Barcelona, cuantifican en un 35% la proporción de niños con problemas en su desarrollo madurativo, tales como retraso motor, cognitivo, socioemocional o lingüístico. Un 20% sufre trastornos del crecimiento, y todavía son más -entre un 20 y un 40%- los que presentan complicaciones nutricionales y alimentarias, entre ellas anemia, raquitismo o malnutrición. Finalmente, hay un 35% con enfermedades infecciosas -sobre todo, parásitos intestinales, hepatitis B e infecciones respiratorias o urinarias- y un 20% con patologías dermatológicas y dentales.

Esos porcentajes no se pueden sumar, porque algunos niños tendrán varias de esas patologías. Pero tampoco se puede suponer que todos se solapan, de forma que que todos los niños que tengan las menos frecuentes sean necesariamente los mismos que tienen las más frecuentes. Así que no sabemos cuántos, pero seguramente al menos un 50% o un 60% presentarían, según ese estudio, alguna patología.

Vaya, por una vez, un titular que en lugar de exagerar los datos originales, los minimiza. Tan malo es lo uno como lo otro, si está hecho sin criterio, y por pura torpeza matemática. Lo que habría que hacer, y temo que el periodista no haya hecho, es echar una ojeada al informe, leer algo sobre su metodología, ver cómo se definen los conceptos... ¿Alguien se anima?

Bueno, no tantas. Pero más que aguas sí que ha habido este año, creo. En fin, que ya está abierta la votación para la pésimaprensa de abril. Vean el archivo del mes recién terminado y voten con un comentario en esta entrada.

En el mes de marzo quedó definitivamente ganadora la noticia sobre los 670 homicidios que supuestamente ven los niños cada semana por televisión, aunque sólo tuvo 3 de los 15 votos emitidos. Empatadas con dos votos quedaron la noticia sobre que nacen más mohameds que ramones y la que contaba en muchos medios que la pobreza infantil está en crecimiento en los países ricos.

(Gracias a Ciudadano Cero, que hace un comentario detallado de la misma noticia en su página)
Debe evitarse la precisión excesiva en los informes sobre encuestas, con decimales y centésimas, ya que transmite una falsa imagen de precisión. Pero igualmente deben evitarse los redondeos abusivos como los que hace hoy La Razón, que publica una noticia con el siguiente titular: Seis de cada diez españoles demandan que los niños reciban clase de Religión en las escuelas.

En el texto de la noticia es imposible encontrar ese porcentaje del 60%. Lo que más se acerca a ese número es el dato de que "más de la mitad de los españoles (55,7%) consideran que la Religión es muy importante para la formación de los niños." Pero esto es bien distinto de lo que dice el titular. La cuestión cuyo enunciado se aproximaría más al del título sería la siguiente:

Más de la mitad (48,3 por ciento) considera que debería ofrecerse la posibilidad a alumnos y padres de elegir entre la asignatura de Religión (católica u otras) o nada. Así lo pone de manifiesto un informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que lleva por título «La situación de la Religión en España a principios del siglo XXI», que también revela que algo más de dos de cada diez ciudadanos apuestan por una formación confesional obligatoria, frente al 9 por ciento que reclama que se saque la enseñanza de doctrinas de la escuela.

Ya ven. Un 48% favorable a que se ofrezca como posibilidad estudiar religión, misteriosamente resulta ser más de la mitad, y en el titular se transforma en un 60% a favor de que reciban clase de religión. Canela fina, vamos.

Por otra parte, dice también la noticia que "el Gobierno propone suprimir la Religión y establecer que la asignatura de Educación para la Ciudadanía se convierta en obligatoria, un cambio protestado por padres y profesores." Yo no creo haber oído ni leído tal cosa. ¿Alguien puede informar sobre si esto es un puro invento o si alguna fuente gubernamental o al menos del partido socialista ha sugerido tal cosa?

Eso venía a decir El Mundo el sábado 30 de abril, en una noticia titulada "España tiene un 40% menos de enfermeras que la media europea" (€). El subtítulo: "Grandes desigualdades entre comunidades: Navarra triplica a Murcia." Empezaba así la cosa:

A España le faltan enfermeras, pero las exporta por ahí. Anda el país por debajo de las medias europeas y se codea con Senegal. Navarra casi triplica a Murcia. Y Andalucía presenta el mismo ratio de enfermeras por cada 100.000 habitantes que la isla de Dominica...

Un párrafo introductorio muy prometedor, con tres argumentos distintos: que tenemos menos enfermeras que en Europa, que hay grandes diferencias dentro de España, y que algunas comunidades españolas tienen tasas similares a las de países subdesarrollados como Senegal o Dominica. Los dos primeros, llamativos. El tercero, asombroso.

Y falso. Después de dar cuenta en la parte central de la noticia, justificando las dos primeras afirmaciones, con estadísticas varias provistas por el Consejo General de Enfermería de España, la tercera se despacha con este texto, en el último párrafo de la noticia:

Baleares (452) tiene un ratio menor que Senegal (467), Canarias (421) empata con Guam (422), Andalucía (419) gana por la mínima a Dominica (415) y Valencia (406) supera por poco a Sudáfrica (388). «Pero es una comparación algo forzada, porque esos países cuentan enfermeras y auxiliares de enfermería, dos categorías diferentes en España», reconoce el CGEE.

Pues vaya, resulta que hay que leer la última frase de la noticia para descubrir que el primer párrafo contiene varias falsedades. Quizá estamos ante un nuevo formato periodístico, un nuevo género: la noticia de suspense, en la que la verdad sólo se descubre en la última línea. No está mal como truco para fidelizar al lector. Pero creo que el misterio y las pistas falsas habría que seguir dejándolas para la literatura.