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Charles T. POWELL: JUAN CARLOS. UN REY PARA LA DEMOCRACIA

Las biografías de los personajes políticos es conveniente que descarten los aspectos más privados de sus trayectorias vitales y busquen en ellas sólo datos que expliquen sus actuaciones como gobernantes. Es verdad que ninguna vida privada es de por sí interesante para el lector o para el investigador, aun en el caso de que se trate de artistas o intelectuales, pues también en tal supuesto es la transcendencia de la obra lo que nos mueve a valorar al individuo que la ha creado. Y en el caso de los monarcas, nacidos para reinar, todo se convierte en público; en épocas anteriores hasta el estornudo de un príncipe podía ser asunto de Estado. Por fortuna, en las monarquías actuales las normas constitucionales y las mismas costumbres de la realeza les han devuelto algo de intimidad, a la manera burguesa. Las posibles transgresiones que en esa intimidad se produzcan contra el principio de ejemplaridad son una servidumbre ante la opinión pública cuando ésta se guía más por actitudes emotivas que por reflexiones de orden político; las biografías enfocadas de este modo alimentan la necesidad de sensacionalismo de la gente, pero no son libros sino en un sentido formal y sus conclusiones no son válidas para juzgar la valía o ineptitud del personaje. Hoy más que nunca las consideraciones que sobre la monarquía se deben hacer tienen su fundamento en criterios racionales, de utilidad, de alternativa a instituciones que comportan menos elementos de cohesión.

Desde un punto de vista general las monarquías hereditarias (y mejor sería emplear el término realeza) han resuelto con mayor eficacia que cualquier otra forma de gobierno los problemas de convivencia de sociedades heterogéneas por la lengua, la religión o los grupos étnicos. En este sentido, la creación de Estados nacionales a partir del siglo XIX viene a romper con tal misión de la jefatura política, que se convierte en representante sólo del grupo étnico mayoritario; algunas monarquías asumen también este papel, con lo que limitan así su función de un modo mucho más decisivo que el aceptar normas constitucionales. Las tendencias nacionalistas, de todos modos, actúan fatalmente contra la institución monárquica porque son conscientes de que ésta puede neutralizar los argumentos particularistas contraponiendo al concepto homogéneo de nación el heterogéneo de reino, que no conlleva ningún significado aparte del derivado de la existencia de un rey y es susceptible de muy variadas formas de organización.

La época contemporánea ha sido pródiga en protagonismos tanto de los partidos políticos como de las fuerzas armadas; como consecuencia de ello se ha convertido en norma que, allí donde no hay rey, la jefatura del Estado la desempeña un político o un general. En ambos casos se apresuran a desvincularse de su origen con la pretensión de ser considerados, a partir de ese momento, como gobernantes imparciales; y aunque su intención sea sincera y el cargo así lo exija, las condiciones previas son una carga casi imposible de eliminar. La función integradora, aun en el caso de Estados muy cohesionados, desaparece de hecho a ese nivel y es asumida por las fuerzas armadas o por alguna otra institución de inferior rango.

En algunas ocasiones, al desdoblarse la jefatura del Estado y la del Gobierno, como sucede en la mayoría de los países, aquella magistratura adquiere las mismas características que las que corresponden a la Corona (símbolo de unidad, instancia protocolaria, arbitraje institucional) convirtiéndose entonces en una especie de monarquía electiva temporal que no está avalada por los méritos del beneficiario ni, en general, por una elección popular directa, sino por la capacidad de supervivencia política de aquél y por maniobras compensatorias de los Parlamentos y partidos políticos. Tampoco podemos encontrar aquí un argumento económico que haga más atractiva esta fórmula, pues los gastos de la jefatura del Estado obedecen más al nivel de riqueza del país que a la diferencia en la forma de gobierno.

Cuando alguien es educado desde su infancia para una tarea como la de reinar, la ambición política no interviene ni a escala personal, ni ideológica, ni de objetivos; por el contrario, el príncipe es introducido en un mundo dominado por el sentido del deber, base de su función posterior. Cualquier ciudadano con condiciones intelectuales y actitudes sociales normales podría valer para ello, pero sólo quien pertenece a una familia ''especializada'' en tal menester encontrará, además, un entorno adecuado para su aprendizaje, incluso en el caso de las transgresiones.

Es el caso del personaje biografiado aquí, el rey Juan Carlos. Pero si ha merecido que, a los veinte años de reinado, se haya escrito ya una docena de libros sobre él, no se debe precisamente a lo que de normal tiene su trayectoria, sino a las especiales circunstancias que le han condicionado. Se puede afirmar que, salvo su condición de príncipe, todo lo demás, incluida su subida al trono, ha sido consecuencia de factores bastante insólitos que en parte hay que relacionar con las consideraciones iniciales de este comentario. Ello ha exigido por su parte unas cualidades que le han llevado al éxito, y que no son corrientes en otros monarcas, ni tienen por qué poseerlas en circunstancias normales: nacido en el exilio, ya en su infancia fue consciente de las dificultades de su familia para mantener su dignidad y conservar el legado histórico de la realeza española; la pugna entre su padre y Franco le obligó a mantener buenas relaciones con ambos corriendo riesgos graves de ser acusado de deslealtad al primero o de traición al segundo; a los dos debe la Corona, desde luego, y por motivos distintos, pero la podía haber perdido antes de poseerla si sus actos no hubieran estado guiados por el deber ante la institución por encima de una fidelidad de tipo personal. La monarquía no era viable sin la voluntad de Franco y la monarquía de Franco no tenía futuro en los términos establecidos, sino que habría de homologarse con las monarquías democráticas de Europa si se quería que perdurara, y ésta era la tesis de su padre. No interesa saber si el rey es o no por convicción demócrata (el autor parece firmemente convencido); para él es de suponer que la única convicción permanente es la continuidad de la institución, y hoy por hoy tal permanencia pasa por la democracia coronada. Por ello tampoco tiene mucho sentido averiguar en qué momento comenzó a planificar la transición hacia un régimen no autoritario que le privaría de casi todos sus poderes, pero que, al mismo tiempo, aumentaría enormemente su prestigio personal y su fuerza moral.

Si hasta 1975 su papel consistió en no dar motivos de alarma a quienes podían torcer el curso de los acontecimientos (lo que a muchos pareció falta de personalidad y aun de capacidad), a partir de esa fecha y hasta 1981 se convirtió en protagonista de aquéllos, y las dificultades, mayores que en la etapa anterior, le obligaron a utilizar al máximo todos sus recursos para neutralizar a unos, estimular a otros y convencer a todos de su voluntad de llegar a un régimen de convivencia en el que nadie fuese excluido. Pero al retrotraernos de nuevo a aquellos años el autor del libro logra convencernos de la fragilidad del proceso, de las muchas veces que pudo tomar otro rumbo que el deseado por el rey. No era fácil tener éxito con una oposición que lo despreciaba como títere de Franco y una clase política del régimen anterior que dudaba de su lealtad a quien le había promovido; por si fuera poco, su propio padre actuaba como un rival, por mucho que se esgrima la peregrina teoría ansoniana según la cual todo era un montaje del maquiavélico Sainz Rodríguez. Quizá el secreto del éxito estuvo en que supo o tuvo la suerte de poder encarrilar a su favor las situaciones y no se dejó dominar nunca por ellas.

Desde sus primeros contactos con la oposición, siendo todavía príncipe, hasta el 23-F, pasando por la elección de sus colaboradores y por sus intervenciones en instituciones parlamentarias de otros países, hay una pauta constante de voluntad democratizadora que ningún dirigente político puede cuestionar. Así resulta extraño que el único país que ha restaurado la monarquía después de un paréntesis tan largo (1931-1975), y después de una soterrada propaganda antimonárquica del sector falangista, la popularidad del rey sea superior a la de cualquiera de los otros monarcas actuales y prácticamente haya desaparecido la alternativa republicana. Pero el propio rey ve en ello sólo un primer paso: el juancarlismo debe transformarse en adhesión a la Corona como institución, de modo despersonalizado.

Powell, escritor inglés pero medio español por línea materna, no duda en considerar improbable una transición pacífica sin la figura del rey: ni las Cortes orgánicas se hubieran inmolado, ni el terrorismo hubiese sido neutralizado en sus intentos de desestabilización, ni el ejército hubiera mantenido la disciplina, antes y después de la Constitución. Las tensiones periféricas (Cataluña, País Vasco) se habrían incrementado, con desenlaces imprevisibles (dictadura militar, secesión...); las fórmulas constitucionales de autonomía no dependen ciertamente de la existencia de la Corona, pero ésta hubiera permitido, y no hay que descartarlo en el futuro, una unidad de carácter distinto a la del Estado-nación, un reino multinacional con la Corona como nexo común, situación que ya se dio tanto en la Corona de Aragón como en la España de los Reyes Católicos y los Austrias. Tal posibilidad es impensable sin la monarquía, como hemos adelantado en párrafos anteriores.

También se ha afirmado antes que el éxito de la monarquía, de la realeza, descansa en parte en la neutralización política de la jefatura del Estado, evitando que sea ocupada por personas que han defendido una determinada ideología o, lo que es más peligroso, por militares que justifiquen su actitud en la falta de imparcialidad de aquéllos. El rey, por esto, no ha considerado acabada la obra constituyente hasta que el gobierno no ha sido ocupado por sus antaños enemigos institucionales, los socialistas. Estos, reacios hasta el último momento a aceptar la monarquía parlamentaria, han sido, sin embargo, los principales beneficiarios de ella; en cambio el partido comunista y los centristas, Carrillo y Suárez, los más firmes cooperantes, con el rey, para llevar a cabo el proceso de transición, han sido borrados del mapa político a pesar de demostrar, con aquél, hasta valentía física en la defensa de la democracia implantada.

Habría actuado el rey de otro modo, de no existir los precedentes de su abuelo Alfonso XIII (golpe de Primo de Rivera) y de su cuñado el rey Constantino? Tampoco creo que sea decisiva la respuesta, y Powell sólo lo considera como elemento de juicio, como experiencia aleccionadora. Pero si observamos otros aspectos de su trayectoria queda claro que el rey no estaba dispuesto a permitir que el ejército mandara a su jefe natural.

La monarquía tiene tiempo para preparar su pieza de recambio. La educación del príncipe, en este caso el Príncipe de Asturias, se ha planificado de modo que coincida con las necesidades formativas adecuadas al momento presente; dado que todavía hoy las fuerzas armadas son un factor decisivo en la estructura del Estado, conviene que el príncipe adquiera la condición de militar para ejercer mejor su función posterior de cabeza de ellas, pero, al revés que su padre, el príncipe ha podido también por primera vez en la historia cursar estudios universitarios y licenciarse en Derecho, además de realizar otros estudios complementarios de materias que le proporcionen útiles conocimientos para el futuro.


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