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, vitalicios). El resto, marqueses, condes o vizcondes,
también formaban parte de la élite nobiliaria.
Ante la España de los siglos XVI y XVII, especialmente de este último, no sabemos si sospechar que todos los libros de historia mienten o creer en los milagros. Nadie desconoce la miseria a que quedó reducida la población que soportaba las cargas de los inmensos gastos que la conservación de un imperio universal requería; en contraste, la enorme acumulación de riqueza en manos de la nobleza y la Iglesia parecía justificada y la existencia de reservas que, de haber sido distribuidas de otro modo, habrían equilibrado los recursos y proporcionado una base sólida para una política hegemónica y un cierto bienestar general. Este era, ademas, el tenor de los escritos de decenas de arbitristas de la época. Sin embargo, tras la lectura del presente libro se desvanece cualquier optimismo por dos razones, al menos: primero, porque el nivel de deudas de la nobleza no le iba a la zaga a los apuros económicos del rey, y, segundo, porque la Iglesia, poseedora de rentas inmensas, las tenía en gran medida secuestradas por las aportaciones, obligatorias o voluntarias al erario, sin contar la parte, muy elevada, que dedicaba al sostenimiento de los pobres y enfermos. La voracidad fiscal, causa de la falta de incentivos para la creación de riqueza por parte del estado llano, era también el factor determinante de que muchas fuentes de riqueza no agotadas buscaran en la inmunidad relativa de las propiedades eclesiásticas o de los mayorazgos un puerto seguro de supervivencia. Una rápida conclusión nos lleva a pensar que las necesidades económicas de la monarquía excedían con mucho la capacidad contributiva del país, incluidas las clases privilegiadas. Ni la plata americana ni las aportaciones de los territorios no castellanos cambiaban el signo de esta relación entre gastos y recursos. De ahí que el siglo XVII, por lo que representaba en sí mismo y lo heredado del siglo anterior, contemplara un retroceso demográfico acusado, y, a la par, un empobrecimiento general.
Esta obra es parte de otra anterior del autor (''La sociedad española en el siglo XVII'', 1963). En ella se analizan las características de estos dos estamentos privilegiados (nobleza y clero), propios del Antiguo Régimen de la Europa Occidental, del que España es uno de los territorios más significativos.
Al abordar su estudio, Domínguez Ortiz, el mejor especialista en la época, se encuentra con dos problemas respecto a las fuentes de información: unas fuentes impresas, amplísimas, pero en general de poco valor por la tendencia acrítica o apologética (en menor medida de tendencia contraria igualmente sospechosa), y un manantial valiosísimo de fuentes no publicadas (archivos particulares o públicos); el peligro que las primeras entrañan por su falta de objetividad y el reto excesivo que para la mayor parte de los historiadores representa enfrentarse con tal cantidad de documentos (los segundos), muchos de ellos dispersos, son razones que explican la casi nula existencia de trabajos anteriores sobre los cuales establecer conclusiones sólidas. Por ello el autor da al suyo un sentido ensayístico y de apertura a una problemática susceptible de servir de punto de partida a otros pacientes investigadores. Y como muestra de tan pobre panorama, Domínguez Ortiz cuestiona hasta los datos más elementales, aún a nivel de porcentaje respecto al peso demográfico y económico de estos dos estamentos en el conjunto castellano o de todos los territorios peninsulares.
El estudio del estamento nobiliario, que abarca la primera de las dos partes en que se divide el libro, se inicia con los elementos que lo constituyen, es decir, las personas que eran incluidas en este estado. Con ello se manifiesta una constante del Antiguo Régimen: la falta de fronteras claras, de límites bien definidos. Hay un criterio indirecto (es noble el que no pecha, el que no esté sujeto a impuestos directos), y así distingue a nobles de pecheros; desde el punto de vista social, el noble se diferencia del villano en que no trabaja, al menos con sus manos, pero encontramos excepciones numerosas: los labriegos del norte podían unir este oficio a su calidad de hidalgos; muchos nobles se arruinaron al servicio de la monarquía. Por otro lado, hubo hidalgos que perdieron su condición y villanos o burgueses que accedieron a la nobleza por dinero o por servicios. Y hasta existían situaciones ambiguas, como la de los burgueses que compraban señoríos y los vinculaban o la de los ''ciudadanos honrados'', o los ''caballeros pardos''.
Más clara parece la identificación de su jerarquía interna.
Así, los nobles se dividirían en dos grupos: titulados y no titulados.
Los segundos serían los hidalgos a secas, que representaban la inmensa
mayoría (en algunas provincias toda la población, como en Vizcaya),
sobresaliendo de entre ellos los caballeros (los poseedores de hábitos o
encomiendas de órdenes militares, pocos al principio, muy numerosos a
finales del siglo XVII). La obsesión por ser considerado hidalgo (por vanidad
o por quedar libres de pechos) dio lugar a inacabables pleitos frente a los
municipios, los perjudicados por su proliferación, y la tendencia siguió
hasta los cambios producidos en la época de Carlos III. Su número era
mucho mayor en el norte que en el sur y, en general, representaba un
número total inferior al que sostienen muchos historiadores o al que
evaluaron someramente los extranjeros que por aquí pasaban. La escala
superior, la de los titulados, era muy reducida a principios del siglo XVI: los
títulos de Castilla no llegaban a 100, pero se incrementaron a lo largo de
la centuria y fueron legión en el siglo XVII (por servicios o por compra del
título). A su vez, las diferencias internas obligaron a distinguir un grupo
de magnates (los ''grandes de España''), formado por los duques y algunos
marqueses y condes (24 en el momento de la creación de la categoría
por Carlos I); como era lógico, fue creciendo, de modo que un siglo más
tarde su número se había multiplicado por cinco y fue preciso, a su vez,
establecer diversos subgrupos (de l
, de 2, de
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, vitalicios). El resto, marqueses, condes o vizcondes,
también formaban parte de la élite nobiliaria.
Hasta cierto punto, esa jerarquía oficial coincidía con la posición económica. Los Grandes y los títulos poseían extensos mayorazgos, que se incrementaron con la endogamia (hubo noble que acumuló hasta siete grandezas); había caballeros e hidalgos que gozaban de regular fortuna; pero la gran mayoría de los hidalgos vivían con escaseces y en muchos casos estaban reducidos a la función de criados (escuderos) o en la mendicidad. Pero esta distribución de la fortuna era engañosa; los títulos estaban casi siempre endeudados como consecuencia de sus enormes gastos suntuarios (tren de la casa, mala administración) o de sus obligaciones al servicio del rey (las ayudas de costas o gastos de representación no cubrían las necesidades de cargos como el de embajador o de general, aunque algunos puestos eran muy lucrativos y les resarcían con creces; tal sucedió con los virreinatos italianos o los de las Indias). El expediente consistía en hipotecar las rentas del mayorazgo (censos), con lo cual dejaban a sus herederos en difícil situación. Algunos, los menos, hicieron grandes fortunas gracias al favor real (caso del duque de Lerma, quizá el gobernante más corrupto de la historia de España hasta 1982).
La nobleza, que había surgido y justificaba su existencia para defender el reino con las armas, siguió esa pauta durante el siglo XVI mientras que su influencia política fue limitada por los reyes (al menos la de los Grandes). Por el contrario, a partir del reinado de Felipe III se invierte la situación: la nobleza se resiste a contribuir al esfuerzo bélico (a veces alegando precisamente su condición noble) y en cambio se lanza a acaparar cargos en el gobierno aprovechando el régimen de validos. De este modo el Conde-Duque se encontró con una aristocracia incapaz de seguir sus proyectos imperiales (''faltan cabezas...''), y celosa de sus privilegios. Tras ese paréntesis quijotesco, y hasta finales del siglo XVII, la nobleza monopolizó los altos cargos y de hecho gobernó la monarquía, coincidiendo con el período de nuestra máxima decadencia. De este modo el ideal y la práctica de la vida noble sufrió una transformación radical. Sólo persistía un elemento de continuidad: el desprecio por el trabajo, la incompatibilidad entre ser noble, y desarrollar actividades ''mecánicas''.
Lo dicho sirve especialmente para Castilla, pero puede ser trasladado también a los países de la Corona de Aragón y Navarra. Allí el impacto de la nobleza titulada era sin embargo mucho menor, y su riqueza no alcanzaba el nivel de la de sus colegas castellanos. Su influencia social y política estaba contrapesada por una burguesía urbana rica que controlaba las instituciones locales (más tarde ganaría terreno en ellas, y sustituiría a la anterior, pero esto será en el siglo XVIII). En algunos casos, por matrimonio, esta nobleza (duques de Segorbe, Cardona o Gandía) se castellanizó y se hizo absentista; este esquema, válido para Cataluña y Valencia, no lo es para Aragón (que coincide casi en todo con Castilla) ni para Navarra (con predominio de la pequeña nobleza rural).
Qué se pensaba en aquella época de la nobleza? El hecho de que se escribiesen numerosas obras apologéticas sobre ella indica la necesidad de justificar sus privilegios. La defensa del estamento y de la condición personal llega a extremos cómicos (se hace a Abel antepasado de los nobles y a Caín de los villanos; luego a Sem y a Cam respectivamente, concediendo a los burgueses a Jafet como progenitor de honor intermedio). No hacía falta tamaño esfuerzo, pues en la sociedad no había arraigado ningún criterio de tipo igualitario. Se aceptaba la existencia de la condición de noble, pero la discusión y las reservas venían cuando se buscaba un fundamento para ella. La realidad de la época contemplaba nobles de distinta procedencia: los había que remontaban su linaje siglos atrás, por mérito en las armas; otros, por lo mismo, más recientemente; en otros casos se trataba de personas encumbradas por sus servicios burocráticos, y también los había y no pocos que compraban la patente de hidalguía o el título; así habría una nobleza de sangre, otra de servicio y otra de promoción mediante el dinero. En todos los casos, en origen, es el príncipe el que confiere la nobleza, y esa prerrogativa sigue siendo considerada como la fuente legítima de la condición, luego heredada. Pero también se abre paso otro criterio que basa la nobleza en las cualidades personales y no en factores externos, postura más acorde con el carácter cristiano de la sociedad (con ello se identificarán los escritores, sobre todo los moralistas). Para el pueblo, en cambio ser noble era, cada vez más, estar libre de infamia, esto es, no descender de judíos ni moros. La fiebre por la limpieza de sangre, tan peculiar de España, convirtió la hidalguía en reducto de los cristianos viejos y determinó que la ambigua condición de grandes masas de campesinos (sobre todo en el norte) se transformara en hidalguía colectiva. Por lo mismo, la sensibilidad social estaba más afectada por las argucias de quienes, sin serlo, manifiestamente alegaban condición hidalga que por la descarada compra de títulos por parte de hidalgos reconocidos (al fin y al cabo ya eran nobles antes). El cuestionamiento, pues, no venía por la consideración, aceptada, del nacimiento en tal estado, sino por la incorporación a él de personas no cualificadas. Faltaba un siglo para que, en plena Ilustración, se empezara a abrir paso el mérito como factor que determinara la nobleza, criterio que a la larga se convertiría en un valor por sí mismo sin necesitar el ropaje externo de privilegios blasonados.
Mayor es el espacio que el autor dedica al estamento eclesiástico, por su mayor complejidad e impacto social. También aquí se evidencia la difusa frontera entre la condición laica y la clerical, pues, al revés que ahora, había una pléyade de individuos (sacristanes, tonsurados de diversas clases) que tenían un pie en cada estado. Aun así, el número total dista mucho de ser tan grande como se ha dicho (apenas superarían los cien mil), y tampoco sus propiedades llegaban, con mucho, al tercio y aún la mitad que se ha manejado por serios investigadores (como Vicens Vives). Siguiendo evaluaciones de la época (en contrato de un nuncio), la renta ''per capita'' de los eclesiásticos sería de unos 50 ducados, muy inferior a lo necesario para el sustento anual de una persona; más justo parece, según el autor, considerar que esa renta triplicaría la media nacional.
El clero no era, al igual que la nobleza, un estamento compacto y homogéneo. De entrada, hay que distinguir el clero secular del clero regular. Si nos centramos en el primero, la diferencia de jerarquía, prestigio, cultura y riqueza enfrentaba radicalmente al clero urbano y al rural, este último reducido a funciones parroquiales con ínfimos ingresos, completados muchas veces por la caridad de los fieles. A su vez, el clero urbano, presidido por los obispos, tenía en los cabildos catedralicios un permanente foco de descontento, a menudo en abierta oposición a la autoridad episcopal; la procedencia de unos y otros también era distinta: los obispos suelen ser extraídos de entre familias aristocráticas (no pocos fueron bastardos reales), mientras que los canónigos, párrocos y beneficiados solían ser vástagos de la pequeña nobleza, en consonancia con unas rentas no tan apetecibles como las derivadas de la mitra.
Por su parte, el clero regular, más democrático en su reclutamiento (salvo en algunos casos, tales como abadías pingües), tenía también dos claras líneas divisorias internas: por un lado la establecida por la condición jerárquica dentro de cada orden, que marcaba las diferencia entre sacerdotes y legos; de otro, la derivada de la antigüedad y actuación de cada orden o, como se decía, de cada ''religión''; las órdenes contemplativas eran más exclusivistas y restrictivas; los franciscanos, de entre las mendicantes, los más numerosos y condescendientes. La llegada de las variantes reformadas (''descalzos'') y de los jesuitas creó tensiones y obligó a compartir la clientela entre cada vez más numerosos conventos, que se concentraban en las ciudades; esto, por su parte, aumentó los motivos de fricción con el clero secular, pues monjes y frailes le disputaban el favor de los ricos devotos. Si en el clero diocesano las vocaciones y la formación teológica dejaban mucho que desear, en el clero regular, con menos responsabilidades personales, se puede hablar de un aluvión de individuos de todas las clases sociales que buscaban en el convento un buen pasar o que liberaban a sus familias de procurarles sustento. Por ello la vida en el claustro - título de uno de los apartados - no era tan pacífica como debiera, y a ello contribuía el carácter electivo de los cargos (excepto en el caso de los jesuitas). Parece, por otra parte, extraño que el número de religiosas y de conventos femeninos fuera menor que el de sus correspondientes masculinos (al revés que ahora). Ello se debía a que sus recursos económicos eran distintos y en conjunto menores, pues no podían adquirir rentas mediante la petición de limosnas puerta a puerta, captar devotos (la clausura se fue imponiendo cada vez con mayor dureza), la demanda de misas o la realización de otros servicios (entierros, por ejemplo); algunos conventos y monasterios se beneficiaban de los favores de la familia real (como las Huelgas de Burgos o la Encarnación de Madrid) que dotaba generosamente a las profesas; en unos pocos casos, poseían señoríos que le aportaban rentas propias; pero era más corriente que la principal fuente de ingresos fuera la dote que los padres daban a las hijas, dotes muy inferiores en todo caso a las que hubieran sido de tenerlas que casar de acuerdo con el prestigio de la familia. No era infrecuente que las monjas tuvieran que aceptar a seglares (viudas, niñas casaderas) a pensión, práctica que luego se prohibió por los escándalos que algunas veces se produjeron. Por último, en muchos conventos la única fuente de rentas era el trabajo de las monjas, especialmente las labores de bordado, en dura competencia con los procedentes del exterior (por comercio o contrabando). No es de extrañar, pues, que muchos conventos se arruinaran o que las monjas pasaran hambre, sin que los frailes de la rama masculina de la misma orden les ayudaran; por el contrario, sus visitas de inspección solían ser gravosas para los escasos recursos de las enclaustradas.
En teoría, las rentas de la Iglesia eran muy considerables y su procedencia múltiple. De todas ellas, la más productiva eran los diezmos, que se pagaba en especie sin descontar gastos de ningún tipo (sobre la producción bruta) y que afectaba al trigo, vino y otros cultivos de tipo básico; en algunos casos se quiso incluir la producción industrial, el comercio o los jornales de los peones del campo (con preferencia en Castilla la Vieja), pero era un notorio abuso. De orden parecido, aunque menos cuantioso, era el montante de las primicias. Por otro lado, las grandes posesiones rústicas y urbanas (un tercio de bienes inmuebles en Madrid) que habían ido acumulándose en sus manos y que se incrementaron considerablemente durante el siglo VII, dadas en arriendo, generaban ingresos en metálico, lo que les hacía más dependientes de las fluctuaciones monetarias. Las mandas testamentarias contenían en muchas ocasiones propiedades y casi siempre misas (hay quien hizo legados para 17.000 misas), entierro y similares. Los derechos de pie de altar (no estaba autorizado cobrar tarifa alguna para la confesión o la eucaristía, pero sí para impartir los demás sacramentos), eran un permanente motivo de litigio entre los párrocos y los conventos, que les hacían la competencia. Todos estos ingresos, sin embargo, estaban sujetos a situaciones especiales: los diezmos, en algunas zonas (Corona de Aragón, por ejemplo) estaban en poder de nobles, que tenían el patronato de iglesias rurales; gran parte, sin embargo, correspondía al rey desde la Edad Media (tercias reales) por concesión pontificia; en tiempos de Felipe II el Papa autorizó el cobro por el monarca del ''excusado'' (diezmos de la tercera finca más rica de cada parroquia); las tierras propiedad de los conventos no tributaban el diezmo (que correspondía al clero secular sólo). Descontados estos casos, una parte considerable de las rentas eran destinadas a hospitales y limosnas (en especie o en dinero), que permitían la supervivencia de numerosos indigentes. El rey, en ciertas ocasiones, situaba pensiones sobre rentas concretas de un obispado que recaían en laicos y hasta en miembros de su familia; y cuando se producía una vacante el monarca se apropiaba de las rentas de medio año (''media annata''), siendo a veces el Papa el que se adelantaba a percibir las rentas hasta la nueva provisión. A todo ello hay que agregar la enorme desigualdad en la distribución de los bienes eclesiásticos: la diócesis más rica, Toledo, superaba en ingresos con mucho al noble más acaudalado (alrededor de 200.000 ducados anuales), pero había otras (gallegas, catalanas) muy pobres que no llegaban a 5.000. De estos ingresos la mayor parte se la repartían entre el obispo y el cabildo (y en éste, a su vez, entre canónigos, mejor retribuidos, y beneficiados); los párrocos, especialmente los rurales, apenas si se quedaban con la novena parte de los diezmos, las primicias y los derechos de altar, con lo que igualaban o superaban en miseria a sus feligreses. Aun en años de grandes apuros, el rey pedía servicios extraordinarios al clero, como a las Cortes, y siempre eran atendidas tales contribuciones, pues se justificaban por el carácter religioso de las luchas de la época. Queda así también reflejada la sustanciosa aportación que, directa o indirectamente, realizaba la Iglesia para financiar los gastos del Estado.
Se podría pensar que el poderío económico de la Iglesia, cada vez más evidente, para los coetáneos (las Cortes no dejaban de quejarse de la constante amortización, que los reyes no se decidían a impedir en serio, quizá por exceso de piedad), trajo consigo algún tipo de animosidad, de reacción anticlerical entre el pueblo. Pero no fue así, el vínculo entre Iglesia y pueblo era muy sólido; éste vivía inmerso en aquella sociedad sacralizada y contribuía activamente a mantenerla (sobre todo a la hora de la muerte). El rigorismo tridentino, impuesto poco a poco, será un factor perturbador de ese clima, haciendo a la Iglesia menos abierta.
Nos queda un punto que conocemos mejor por pertenecer a la historia política más divulgada: las relaciones entre el clero y el Estado. Si hoy resulta un tanto extraño ver a un eclesiástico en funciones de gobierno, o al rey decidiendo los nombramientos episcopales, esta doble interferencia era congruente con la mentalidad de la época y con las costumbres de todos los países cristianos (no olvidemos que el derecho de presentación ha durado hasta 1975). No dejó de haber fricciones que enfrentaron al rey con el Papa, al Consejo de Castilla con las peticiones clericales, a la justicia real con la jurisdicción episcopal, y es significativo que en muchas ocasiones predominara en el clero español la fidelidad al rey sobre la obediencia al Papa en asuntos no de fe; la sincera piedad de todos los Austrias no obstó para que mostraran un celo extremado en defender las regalías de la Corona. En ese cruce de competencias y soberanía es evidente que llevó las de ganar el monarca, y no hace falta recurrir al argumento de la Inquisición (por cierto, en esta obra casi olvidada) para demostrarlo. Basta con que veamos que los mismos obispos, ejerciendo cargos políticos (en los Consejos especialmente) solían priorizar los intereses del Estado en detrimento de sus hermanos de religión.