Los seis trabajos que aquí se recogen son también seis formas distintas de hacer historia, exigidas por la temática de cada uno de ellos: el primero es un estudio erudito sobre el origen y la cronología de las Sociedades Económicas de Amigos del País; el segundo sigue la metodología de Labrousse para analizar los precios del trigo, de la cebada y del aceite; es historia cuantitativa, en la que los bien elaborados cuadros estadísticos, tan expresivos, ocultan una tenaz labor previa de recogida de datos. Sigue el titulado ''Los Pósitos en la España del siglo XVIII'', donde el autor se perfila como uno de los mejores especialistas en historia agraria y rural, una de las ramas ''cenicienta'' de la historiografía. Tras éste, pasa a describirnos el lento y trabajoso proceso de elaboración del ''Informe sobre la ley agraria'', salido de la pluma de Jovellanos a instancias de la ''Sociedad Matritense de Amigos del País''. Mucho más denso es el que centra su atención en la crisis provocada en España por el estallido de la Revolución Francesa (''La Revolución Francesa y España''), en el que la aportación de ideas es su mérito esencial. Y por último nos proporciona, con ''La crítica de un programa de los ilustrados en vísperas de la desamortización'', un valioso ejemplo de intercomunicación entre fenómenos históricos en apariencia no correlacionados. El conjunto resulta un mosaico en el que las diversas formas y las distintas tonalidades se integran para responder fielmente a lo que el título general, bien elegido, anuncia.
Llaman la atención, en el caso de las Sociedades Económicas de Amigos del País, dos aspectos: la rapidez de su expansión (apenas veinte años entre mediados de la década de los sesenta y la de los ochenta, durante el reinado de Carlos III) y el protagonismo que en ellas tuvo la nobleza. Ésta, actuando en sentido parecido a los ''landlords'' ingleses, destaca sin embargo porque asume casi en solitario (sólo le acompañará en el entusiasmo el clero secular) la misión de introducir en España el interés por las nuevas técnicas agrarias (selección de semilla, utillajes, cultivos) en un momento de expansión demográfica, es decir, de aumento de la demanda. Ninguna región queda al margen de esta iniciativa, y hasta pequeños pueblos se unen a ella con variada fortuna. Destaca, por otra parte, la ausencia de la burguesía - salvo casos muy individuales - como promotora de tales novedades, y no resulta sorprendente por cuanto su número era escaso y sus inversiones agrarias muy limitadas por causa de una legislación que dificultaba enormemente la compraventa de tierras. A partir de mediados de los ochenta (hacia 1786) el dinamismo de las Sociedades decae; dejan de crearse, y las que siguen existiendo languidecen, con escasa participación activa de sus miembros. No parece que hubiera una causa clara de esa falta de vitalidad, y de ello es muestra la consulta que el gobierno hace para averiguarlo, sin que las respuestas proporcionen la información requerida. Más evidente es su estancamiento a partir de 1790, al globalizarse en un todo negativo cualquier influencia exterior por positiva que fuera; la nobleza, como sabemos, volverá a lo tradicional, con cierta propensión al casticismo retrógrado, y hasta figuras como el conde de Aranda desandarán el camino anterior.
Las cifras hablan por sí mismas, tras ser tabuladas y ofrecidas gráficamente, respecto a la situación de los tres productos básicos de la agricultura de la época: fluctuaciones brutales en poco más de una década (la de los noventa) no pueden ser explicadas sólo como consecuencia de la inflación provocada por los vales reales; son altibajos típicos de una economía de subsistencia, dependiente en exceso de los factores climatológicos y que agudiza sus efectos más en los espacios del interior (casi autárquicos) que en aquéllos, periféricos, donde el comercio matizaba habitualmente las carencias. En este caso, ademas, el fenómeno es más grave, dado que la crisis no es sólo española, sino internacional, con lo que también se produce una mayor penuria en zonas antes poco afectadas.
La institución de los ''Pósitos'' (graneros locales, a modo de cooperativas), al parecer surgida en siglos anteriores, llega en el período comprendido entre 1751 y 1790 a su momento de máxima eficacia: con un gran margen de autogestión, sus funciones adquirieron tal amplitud que los hizo convertirse también en suministradores de semillas, instrumentos de regulación del mercado, fondos de crédito para los campesinos (a muy bajo interés) y organismos que financiaban servicios sociales (escuelas, médicos). La primera vez que el Estado introdujo un control sobre ellos (mediante una superintendencia) el efecto fue muy positivo, pues estimuló su expansión, especialmente en Andalucía. La segunda, en cambio, va a ser un rudo golpe que los dejará desprovistos de recursos, pues el gobierno echará mano de sus fondos (tanto en metálico como en especie) para sus gastos de guerra, sobre todo a partir de 1794, hasta dejarlos exangües. Por ello, a pesar de su continuidad durante el siglo XIX, su número se habrá reducido y ya no podrán hacer frente a todas sus anteriores funciones.
Lo que más destaca de la exposición acerca del ''Informe sobre la Ley Agraria'' es la enorme lentitud en su gestación, cosa que, a la larga, invalidaría sus objetivos al coincidir, por desgracia, con el momento de mayor inquietud en política exterior (1796). Más tarde, en las Cortes de Cádiz, Jovellanos será reverenciado como un ''benefactor de la patria'' y se intentará poner en marcha su programa, pero también ahora las circunstancias se impodrán (anulación de su labor legislativa por Fernando VII en 1814). Y luego, las cosas serán distintas...Lo más sorprendente de todo es que la iniciativa partió de la clase gobernante: ya Olavide se había adelantado con su política colonizadora, pero Campomanes, y con él el Consejo de Castilla, deseaban una información previa (problemática real, reformas técnicas, reformas jurídicas) que procedieran de un debate pormenorizado cuyo peso debía recaer, a modo de instituciones consultivas, en las Sociedades de Amigos del País. El encargo se hizo a finales de los años setenta a la Sociedad Matritense, de la que formaba parte Jovellanos, y durante un largo período el tema languideció. Al fin en 1787, se llegó a un acuerdo, si bien éste sólo se refería a las grandes líneas que identificaban las causas de la decadencia de la agricultura. Eran éstas: exceso de tributos y forma de exacción, privilegios de la Mesta, despoblación o población desigualmente repartida, falta de canales y caminos para el comercio de granos, falta de libertad en el uso de la propiedad (de donde se originaba el no poder cercar las tierras, reunir posesiones, etc.) y las vinculaciones y mayorazgos. Sobre esta plataforma, y para proceder al informe definitivo, Jovellanos tendrá plena libertad en la orientación a seguir, y lo hará eligiendo sin duda el camino de la defensa de la propiedad individual, siguiendo la tesis de Smith (''el bien individual es la causa de la riqueza de las naciones''); según esto, se había de proceder a eliminar todas las trabas legales que favorecían la amortización tanto familiar como eclesiástica o comunal, pero Jovellanos no era un doctrinario, sino un pragmático (''el mayor bien, en el momento inadecuado, puede ser contraproducente''), y más que una reforma radical propiciará una mezcla de innovaciones jurídicas muy dosificadas y de estímulo para que los campesinos accedan a un conocimiento progresivo de las nuevas técnicas. Bien recibido el informe por Godoy (que hará ministro a Jovellanos), no eran aquéllos sin embargo los mejores tiempos para soliviantar a las clases privilegiadas en que se apoyaba la monarquía, a la defensiva ante el fenómeno revolucionario. Además, Godoy perdió el poder poco después y, a su vuelta, destituyó a Jovellanos, uno de los promotores de su caída.
''La Revolución Francesa y España'' se centra en las medidas tomadas por Floridablanca para impedir que el ''incendio'' llegue a la Península. Ya en los inicios del proceso, en la primavera de 1789, se dictan las primeras disposiciones restrictivas, que tienen por objeto fundamental impedir la entrada de material informativo de allende los Pirineos, así como la interrupción de los anteriormente incentivados estudios en el extranjero. Lo curioso de estas medidas es que no sólo se persigue la difusión de panfletos o libros favorables a la revolución, sino también cualquier impreso que, al hablar de ella, aunque fuera para denunciarla, la hiciera presente. La persecución no se dirigirá únicamente a este material impreso; también alcanzará a toda mercancía que de alguna manera diera indicios de los valores revolucionarios en ropas, objetos de uso, etc. Esta decidida voluntad de contención de la marea revolucionaria revitalizará a la Inquisición, que había languidecido durante muchos años, contenida por una monarquía reformista y segura de su autoridad; así, la alianza entre ambas repite el viraje de Felipe II; anuncia la identificación entre el Trono y el Altar, propia de la Restauración. Pero ni aún así se podía impedir que llegaran abundantes testimonios de lo que sucedía en Francia (a través de ingeniosos procedimientos). Ello redobló la suspicacia de las autoridades, que no se fiaban ni de los emigrados, que acudieron por millares a la Península por tierra o por mar; se trataba en su mayoría de clérigos, a los que se prohibió ejercer su ministerio, y se les confinó en conventos, sistema que parecía el más adecuado para ''limpiar'' a posibles espías. Se llegó, en fin, a prohibir la publicación de periódicos, fuera de aquéllos que se limitaran a registrar avisos de pérdidas de objetos. Pero las ideas pasaron, cómo no.
Tras un largo paréntesis (1814-1833), con la breve experiencia constitucional incluida, se vuelve a plantear el tema agrario, y todos sabemos como se resolvió. Pero antes de que se procediese a las desamortizaciones hubo un período en el cual renacieron los planteamientos ilustrados, tal y como habían quedado en la fase anterior. Ahora, sin embargo, era demasiado tarde para aplicarlos: las condiciones técnicas habían variado (la revolución industrial obligaba a desechar las innovaciones antes recomendadas), el gradualismo controlado por la aristocracia vinculada a las Sociedades Económicas no tenía razón de ser al haberse disociado de los intereses de la naciente burguesía, el nuevo marco político y la guerra civil exigían soluciones distintas. Así, queda inédita la vía ilustrada, como también la fisiocracia había cedido ante el liberalismo económico de raíz industrialista.