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Miguel ARTOLA: LA BURGUESIA REVOLUCIONARIA (1808-1874)

En 1973 apareció, con el título de Historia de España Alfaguara, una colección de siete obras publicadas por la citada editorial y escritas por especialistas (Angel Cabo se encargó de la Antigüedad, J. A. García de Cortázar del Medievo, Antonio Domínguez Ortiz de los Reyes Católicos y los Austrias, Gonzalo Anes de la etapa borbónica reformista, Miguel Martínez Cuadrado de la Restauración, Ramón Tamames de la II República y la España de Franco, reservándose el director del proyecto, Miguel Artola, la parte correspondiente a los dos primeros tercios del siglo XIX bajo el título de ''La burguesía revolucionaria''). El éxito fue inmediato debido sobre todo a las novedades de enfoque y a la introducción de materias poco habituales hasta entonces en los libros de este tipo. Frente a otros trabajos anteriores de carácter similar, en el caso presente se produjo pronto una individualización del interés del público por cada uno de los volúmenes, que en este sentido tuvieron diversa suerte. Parece que, para el lector en general, tuvo especial atractivo el escrito por Tamames que, pese a no ser historiador en sentido estricto, resultaba en aquellos momentos una síntesis muy novedosa para un tema hasta esos momentos aún dominado por el tratamiento político; la adscripción comunista del autor, de todos conocida, aportaba un punto de vista no neutral, sino de claro signo crítico con el régimen todavía vigente, lo que le restaba en rigurosidad tanto como ganaba en creación de estereotipos que luego servirían de base para la simplificación del período al servicio de una política activa posterior de determinado signo (''progresista'' en su más amplio sentido), labor en la que coincidió con la Historia de España de Pierre Vilar y la dirigida por Tuñón de Lara - cuyo último volumen también corrió a cargo del prestigioso economista -.

Sin desmerecer tal aportación, ni las de los demás colaboradores, todos ellos autoridades en sus respectivas materias, creemos que es éste de Artola el más representativo en relación con las características que arriba hemos mencionado, pues se trata de una verdadera renovación de la arquitectura narrativa apoyada en el uso sistemático de monografías ajenas y propias, de acuerdo con las demandas de información que el hombre del presente exige al estudioso del pasado. Con independencia de la importancia real que los coetáneos dieran a cada uno de los asuntos reflejados aquí, importancia que en muchos casos era tributaria de perspectivas deformadas por la ignorancia o la prioridad de factores de orden sectario, es deber del historiador atender, por encima de todo, a las raíces de aquellas cuestiones que están vivas en el momento actual, y cuyas características, positivas o negativas, tienen un origen acumulativo, esencialmente referido a los dos últimos siglos.

La lectura de todo el proceso descrito nos permite extraer una conclusión muy contundente: parece imposible que una acumulación tal de acontecimientos políticos que afectan casi siempre a la propia naturaleza del Estado (y de los que el autor procura extraer lo significativo), dejando de lado cualquier regusto por los rigodones cuartelarios) sacarán al país del caos consiguiente al final de la Guerra de la Independencia para hacer de la España de fines del XIX una nación relativamente modernizada. Los cambios de régimen superan los dos dígitos, de modo que en algunos casos la legislación no pasó de ser papel mojado pero, aun en aquéllos de existencia más prolongada, la inestabilidad ministerial se medía por meses y aún por semanas. Como ejemplo, valga la llamada década moderada, presidida de facto por Narváez (1844-1854), en la que se sucedieron vertiginosamente los primeros ministros, con la única excepción del llamado ''Gobierno largo'' del duque de Valencia (tres años); y eso que hemos seleccionado una de las dos etapas de menor virulencia en la lucha política (la otra fue la etapa de la Union Liberal).

Esa lucha, a lo largo del siglo, va a tener diversas fases:

l $^{\underline{{\rm a}}}$: Guerra de la Independencia: enfrentamiento contra un enemigo exterior, pero al mismo tiempo alternativa respecto al camino a elegir para el futuro neo-reformismo de los afrancesados, liberalismo de las Cortes de Cádiz, tradicionalismo popular en los ámbitos mayoritariamente rurales bajo el control del clero regular y secular; y en cada uno de esos campos, minorías que sintonizaban ideológicamente con alguno de los otros. Qué difícil resultaría elegir partido para quienes se veían identificados de modo parcial con ello!

2 $^{\underline{{\rm a}}}$: De 1814 a 1820 vence el tradicionalismo, el Antiguo Régimen desprovisto de la aureola ilustrada; sin embargo, no pasará ningún año sin que se produzcan alteraciones para derribarlo; es el origen del ''pronunciamiento'' militar que tanto ha ridiculizado nuestra historia decimonónica a los ojos de los países civilizados. Al mismo tiempo, hay que acopiar recursos para hacer frente a las sublevaciones en América, cuando el Estado no tiene medios ni para sus necesidades elementales.

3 $^{\underline{{\rm a}}}$: Vence el liberalismo (1820-1823); más por la ineficacia del régimen precedente que por su propia fuerza (reducida a parte del ejército y la escasa burguesía periférica). Desde fuera, el tradicionalismo buscará la solución militar (guerrillas, ayuda de la Santa Alianza); desde dentro, la división entre doceañistas y exaltados minan el consenso, aunque es evidente que la base social era mayor que diez años antes. La expedición francesa no tuvo ningún problema para devolverle a Fernando VII su poder absoluto, y sí escrúpulos por el uso que de él haría.

4 $^{\underline{{\rm a}}}$: La segunda etapa absolutista (el autor se abstiene de denominarla, como suele ser habitual, ''Ominosa década''), muy represiva en sus inicios, será en realidad un régimen personal del monarca, preocupado tanto por el peligro de nuevas intentonas liberales como por el exceso de celo de sus fieles súbditos. De hecho, parece que la represión, a la larga, se dirigió más contra estos últimos (''apostólicos''), abriéndose camino en la corte un grupo moderado en cierto modo heredero de los antiguos reformistas.

5 $^{\underline{{\rm a}}}$: La crisis dinástica obliga a la regente a apoyarse en el ejército y en los liberales para vencer al carlismo, que enarboló la bandera absolutista. El régimen del Estatuto Real es desbordado y el ala izquierda liberal (progresistas) se hace con el poder con el consentimiento de la reina, que ve en ello un mal menor ante la doble y peligrosa alternativa del triunfo carlista o la formación de Juntas que asumieran la soberanía.

6 $^{\underline{{\rm a}}}$: Derrotados los carlistas, el partido progresista se impone mediante la presión militar (Espartero). De inmediato, la disensiones internas, de carácter en este caso más personalista que ideológico, permitieron la reactivación de la alternativa moderada.

7 $^{\underline{{\rm a}}}$: El Estado liberal ya es un hecho indiscutible, pero el moderantismo no acierta a convertir la constitución de 1845 en instrumento válido para sus rivales. El apoyo de la corona (que sólo dará el poder a los progresistas ante realidades de fuerza, como medio para evitar la permanente tendencia centrífuga de las Juntas) y el ejército (férreamente dirigido por Narváez), les parece garantía suficiente para el disfrute del poder. No contaban que, de sus propias filas surgiría, también por motivos oscuros, el detonante para una nueva convulsión.

8 $^{\underline{{\rm a}}}$: Las rencillas internas de los moderados provocan el pronunciamiento fallido de O'Donnell, que se ve obligado, ante el fracaso, a darle a su movimiento un aspecto ideológico con la alianza con los progresistas; no se esperaba una nueva oleada juntera, esta vez promovida por los demócratas, escisión izquierdistas del partido progresista (1849). Juntos, O'Donell y Espartero abortarán la tentativa revolucionaria. Luego, el primero logrará desprenderse de sus socios para inaugurar una nueva etapa centrista.

9 $^{\underline{{\rm a}}}$: De 1856 a 1866 la Unión Liberal, amalgama de moderados y progresistas, intenta estabilizar el sistema y hacer de la constitución de 1845 un marco sólido. Pero no llegó a ser posible ante el rechazo del progresismo intransigente (dividido en grupúsculos), de los demócratas y de los carlistas, una vez levantados en armas. La reina Isabel II, por su parte, no apoyaba en absoluto la posibilidad del turno de partidos y fue, además, el factor más determinante de la inestabilidad ministerial de la etapa.

10 $^{\underline{{\rm a}}}$: Despedido O'Donnell, vuelven los moderados al gobierno, con el viejo Narváez al frente (1866). La situación solo durará poco más que la vida del general. La base política del régimen se estrecha: unionistas, progresistas y demócratas forman una alianza (Pacto de Ostende) con el único propósito de derribar la dinastía y convocar Cortes constituyentes que dieran al país el régimen que éste escogiera. Al mismo tiempo, una crisis económica nacional, y luego internacional, provocará también un malestar generalizado que, según Artola, sin embargo, fue causa menor en los acontecimientos subsiguientes.

11 $^{\underline{{\rm a}}}$: La revolución de Septiembre de 1868 repite el esquema original de 1808: juntas regionales que se arrogan en principio la soberanía, dominadas por los elementos más radicales del arco político. Los militares, no obstante, logran controlar de nuevo la situación y la encauzan hacia una alternativa monárquica, pero concediendo a los demócratas su reivindicación más sustancial: el sufragio universal. En las nuevas Cortes no está prácticamente representada la derecha (moderados), posición que ocupan los unionistas de Serrano; el centro es de los progresistas de Prim y los demócratas afines (cimbrios); la izquierda estará representada por el resto de demócratas, que a su vez se muestran en su mayoría de tendencia republicana.

12 $^{\underline{{\rm a}}}$: La muerte de Prim y el fracaso de la monarquía democrática de Amadeo de Saboya, continuación del período anterior, traen inopinadamente la República, a la que se unen de modo pragmático los demócratas radicales amadeístas (Ruiz Zorrilla), pero la aparente uniformidad ideológica lograda en el Parlamento tras las elecciones de 1873 se malogra al escindirse los republicanos tanto a causa de su posicionamiento ante las nuevas doctrinas socialistas y anarquistas, por un lado, como, por otro, en relación con la estructura del Estado (unitarios, federalistas y confederalistas o cantonalistas). Por si esto fuera poco, se aviva el carlismo por tercera vez, reforzado por el sector moderado excluido, y, además, se inicia en Cuba la serie de levantamientos que, finalmente, conducirán a su independencia.

13 $^{\underline{{\rm a}}}$: Un Parlamento radicalizado, a punto de destituir al cuarto presidente del Poder Ejecutivo de la República en diez meses (Castelar) es disuelto por el ejército, apoyado por las fuerzas políticas triunfantes en 1868, cerrándose así la progresiva tendencia hacia la izquierda de los distintos regímenes ensayados hasta entonces. El gobierno caerá en manos de Serrano, que así empieza y termina (regente primero, presidente más tarde) el ciclo revolucionario. La burguesía, que había estado detrás de todos los ensayos liberales y democráticos desde 1812, atemorizada por la fuerza emergente de las clases bajas, buscará una nueva fórmula que estabilice los logros básicos (Estado liberal, respeto a la propiedad), para lo cual Cánovas tiene preparada la respuesta.

Este régimen liberal definitivamente instalado es analizado por Artola siguiendo una pautas originales fundamentadas en tres aspectos: el sistema político, el sistema de poder y la acción del Estado. Identifica al primero como ''el conjunto de participantes que intervienen en la formación de las decisiones y las normas a que se ajustan en su acción'', mientras que ''el sistema de poder lo constituyen las instituciones - educativas, administrativas, judiciales y en última instancia la fuerza - encargadas de imponer a la sociedad la aceptación y realización de tales decisiones''. Por su parte, la acción del Estado, derivada de los presupuestos anteriores, tiene como principio esencial la neutralidad, y en consecuencia ''reducir al mínimo el campo de sus actividades como medio de extender el de la libertad del individuo''; ese mínimo, en realidad, abarca una actuación considerable: por un lado, el Estado tiene que hacer frente a la gestión de lo que los sectores donde la iniciativa privada no interviene por falta de perspectiva de beneficios o por el enorme volumen de capital necesario; pero también existen áreas que implican soberanía donde el Estado tiene que asumir forzosamente el protagonismo. De acuerdo con todo ello, el autor divide en tres niveles específicos la acción del Estado Liberal: el primero lo constituye el conjunto de disposiciones que sirvieron a configurar la nueva sociedad, cuya protección frente a enemigos interiores o exteriores integra un segundo campo de acción. En tercer lugar el Estado promovió la creación y se hizo cargo directamente de determinados servicios públicos.

La realización de esos fines dependió, a su vez, tanto de la voluntad política de cada una de las situaciones (más o menos liberal, más o menos estable) como de la realidad del país, realidad sobre todo económica y financiera. En este último sentido, los destrozos de las sucesivas fases bélicas, las interferencias del Estado preliberal en la marcha hacia una sociedad industrial y la falta de un sistema fiscal adecuado dificultaron de modo considerable el camino de la modernización de las estructuras. El Estado no sólo tuvo que hacer frente al vacío producido por el desmantelamiento de las instituciones de caridad y educación dependientes de la Iglesia - función que entraba de lleno en la filosofía política del sistema -, sino atender a una deuda pública colosal, acumulada desde finales del siglo XVIII y en continuo aumento, a los gastos militares excesivos incluso en tiempos de paz por el protagonismo del ejército en la vida política, y a acudir en ayuda de la iniciativa privada allí donde ésta no podía acudir (caso de los ferrocarriles). La apertura al mercado exterior de capitales se demostró viable, pero con los inconvenientes de la falta de credibilidad de los inversores extranjeros en la seriedad del Estado español a la hora de atender sus compromisos con la deuda.

Como hace Jover en caso semejante (al abordar también el estudio de los siglos XIX y XX en la obra colectiva ''Introducción a la Historia de España''), Artola concede a los aspectos culturales un papel activo en la configuración del proceso y en ellos se observa el mismo atraso y hasta desconexión con el ámbito europeo: sirva de ejemplo la tardía llegada del romanticismo, que implica además el desconocimiento durante décadas de figuras como Fichte o Hegel. Las traducciones de las obras más representativas del pensamiento europeo se hicieron esperar largo tiempo (la primera edición de ''El Capital'', incompleta, salió unos años después de la muerte de Marx).

Si hay que destacar, por último, aportaciones especialmente significativas en el contenido de la obra, nos hemos de decantar por el segundo capítulo (''Del estancamiento económico a la expansión capitalista'') donde evalúa la información, hasta ese momento en manos de especialistas que aún no habían producido trabajos de síntesis, y aporta sus propias conclusiones, de las cuales no es la menos interesante la que minimiza el impacto del crecimiento económico de los años cincuenta y sesenta contra la opinión de la mayoría de expertos.


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